El PAN presenta queja por financiamiento ilegal de propaganda para la consulta popular

Cuartoscuro

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó en el Instituto Nacional Electoral (INE) una queja por la propaganda que fue desplegada para difundir la consulta popular del pasado domingo, que podría haber sido pagada por Morena e incluso gobiernos como el federal y el de la Ciudad de México.

El representante del PAN ante el órgano electoral, Víctor Hugo Sondón, presentó la queja ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral para que sea iniciada una investigación acerca del origen de los recursos con los que se financió la campaña para la consulta popular.

En el documento se presume que el dinero con que se pagaron espectaculares, carteles, pintas y volantes, entre otros materiales, que fueron colocados en megapantallas, calles importantes y en estaciones de transporte público, para difundir el ejercicio del pasado domingo y por una respuesta afirmativa a la pregunta planteada, podría provenir de las arcas públicas de forma ilegal.

Según la queja, fue público y notorio el despliegue de propaganda para difundir durante el mes pasado lo que en ella se denominaba “juicio a expresidentes”, pese a que legalmente esa promoción sólo podría realizarla el INE.

El PAN presume que la propaganda desplegada el mes pasado es idéntica en diseño y arte a la que exhibieron Morena y su líderes en sus redes sociales. También señaló que en esa promoción participaron servidores de la nación y otras personas que pudieron haber sido pagadas por los gobiernos federal y de la Ciudad de México, e incluso por el partido en el poder.

Acerca de la propaganda de la consulta popular desplegada en el Metro, el PAN solicitó a la autoridad electoral a que requiera al gobierno capitalino, al director del Sistema de Transporte Colectivo y a la empresa que maneja la publicidad que se coloca allí para que expliquen la existencia de contratos, así como el monto y la duración por la propaganda referida.

Según la queja del blanquiazul, lo anterior contraviene las disposiciones tanto constitucionales como legales que rigen la promoción de la consulta, que debe ser realizada por el INE.

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