La senadora panista Xóchitl Gálvez prepara una iniciativa de ley para sancionar penalmente las omisiones de información en la declaración patrimonial de funcionarios públicos, esto, ante el escándalo suscitado por las casas y empresas no declaradas por el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett.
Al considerar que el esquema legal de las declaraciones patrimoniales no es lo bastante estricto y da espacio a interpretaciones como las que ha hecho Manuel Bartlett Gálvez dijo que es indispensable fortalecer los mecanismos, de supervisión, fiscalización y sanción.
La propuesta consiste en convertir en delito penal el que el servidor público “falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones patrimoniales o de intereses o se oculte el incremento de su patrimonio” o el de sus personas allegadas.
Asimismo, ampliar la definición de “conflicto de interés” para incluir los vínculos familiares consanguíneos, políticos, vínculos de pareja y amistad, relaciones afectivas, profesionales y laborales, para que sean incluidos y analizados en una declaración patrimonial.
Bartlett omitió en su declaración patrimonial 23 casas, dos terrenos y 12 empresas con las que está directa e indirectamente vinculado por medio de su pareja y sus hijos. De acuerdo con el funcionario, el patrimonio de su pareja no tiene porque ser declarado, ya que ella no es ni su esposa ni su concubina, argumentando que ella no es su dependiente económico y su patrimonio no es de él. De manera semejante se refirió a empresas, casas y terrenos propiedad de sus hijos.
De esta forma, Bartlett se escudó en la laxitud de la normativa actual que permite que, al no estar casado con Julia Abdala, se pueda admitir que el patrimonio de ella no tiene relación con su labor como funcionario público, a pesar de que fue construido a partir de que inició su relación de pareja.
De acuerdo con la propuesta, reportada por el diario Reforma, Gálvez propone una reforma al Código Penal Federal para “ampliar el tipo penal de ejercicio ilícito de servicio público” e imponer penas de dos a siete años de cárcel.
Asimismo, la iniciativa plantea la obligatoriedad para la autoridad de dar un seguimiento “minucioso y permanente de la evolución patrimonial de los servidores públicos”, ya que dicha obligación no existe en ninguna ley.
La ley tampoco obliga a ninguna autoridad a constatar “que las declaraciones de los servidores públicos sean congruentes y consistentes entre sí. El servidor público hoy en día puede declarar lo que se le ocurra, faltando a la verdad descaradamente, pues no hay ninguna dependencia o entidad que corrobore que sus informes son ciertos”, dice el documento.
De ser aprobada la iniciativa, la Secretaría de la Función Pública estaría obligada a revisar anualmente la evolución patrimonial de los servidores públicos y a estudiar a fondo cada declaración patrimonial y no simplemente a darlas por buenas,
