Ordena Tribunal devolución de 477 mdp por irregularidades en construcción de Estela de Luz

Foto: Cuartoscuro

Por votación unánime, los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), resolvió que los responsables de la construcción del monumento conocido como Estela de Luz, deberán devolver 477 millones de pesos, sanción impuesta por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por irregularidades en la realización de dicha obra.

De acuerdo con el reporte de Reforma, los sancionados son Andrés León Reguera, residente de obra, a quien se le fincaron responsabilidades por 216.3 millones de pesos; y Juan Alberto Bravo Hernández, a quien se le acreditó daños a la Hacienda Pública Federal por un monto de 230 millones de pesos. Ambos laboraban en III Servicios, paraestatal que estuvo a cargo de la contratación de las empresas privadas que ejecutaron el polémico monumento.

Según la investigación de ASF, en abril de 2010 los señalados determinaron llevar a cabo un cambio en el acero inoxidable que se emplearía en la construcción, lo cual encareció el proyecto en 316.5 millones de pesos, sin embargo, el material era exactamente igual al que se había contemplado usar desde el inicio de la obra, es decir, no hubo tal cambio. Estas irregularidades fueron corroboradas en el fallo del TFJA.

Los constructores sancionados habían impugnado la resolución de Dirección General de Responsabilidades de la ASF, argumentando que no hubo daño a la Hacienda Pública porque el dinero con que el dinero pagado a III Servicios,  salió de Banejército  y ambas instancias pertenecen a la Administración Pública Federal (APF). Al respecto, la magistrada Urby Genel, responsable del proyecto, indicó que los recursos fueron utilizados de forma indebida causando daño.

Los sentenciados aún tienen la posibilidad de impugnar la sentencia del TFJA, por medio de un amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito en materia administrativa.

De ser confirmadas en definitiva, las resoluciones de la ASF se convertirán en créditos fiscales, cuya ejecución estará a cargo del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

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