El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) ordenó a la PGR elaborar un informe comprehensivo sobre los grupos del crimen organizado con sus células delictivas y municipios de influencia de los que tenía conocimiento en 2010, luego de que dicha dependencia había entregado una respuesta restrictiva a una petición ciudadana.
En un comunicado, el INAI informó que el caso se deriva de la inconformidad de una ciudadana que había solicitado a la PGR el informe con los grupos del crimen organizado, con sus células delictivas y municipios de influencia, de los que la dependencia tuviese conocimiento en el año 2010, desagregando la información por municipio y entidad federativa.
La PGR turnó la solicitud de información al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate de la Delincuencia, el cual remitió un listado con las organizaciones y células delictivas vinculadas al narcotráfico con presencia en el país. El particular no quedó satisfecho e interpuso un recurso de revisión ante el INAI, en el que manifestó que el sujeto obligado le proporcionó información que no correspondía a su solicitud.
Luego de analizar el caso, la ponencia de la comisionada Ximena Puente señaló que si bien PGR proporcionó un listado con información relacionada al requerimiento, no precisó si ésta corresponde al año 2010, y no turnó la solicitud a todas las áreas competentes, ya que cuenta con unidades administrativas que también podrían conocer la información requerida.
Entre esas áreas, el dictamen menciona a la Dirección General de Comunicación Social; la Policía Federal Ministerial; la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional y a la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo.
El Pleno del INAI revocó en consecuencia la respuesta de la PGR y le instruyó realizar una nueva búsqueda con un criterio amplio, en todas las unidades administrativas competentes, para localizar y entregar al particular la información solicitada.
“El Estado debe, por un lado, hacer valer los derechos ciudadanos y rendir cuentas, y por el otro proteger a sus habitantes frente a quienes pretenden debilitarlo. Para que lo primero suceda es necesario entre otras cosas, defender una política de transparencia y acceso a la información; para que lo segundo se torne realidad, es indispensable (…) garantizar el acceso a información relacionada con la seguridad de las personas”, concluyó Puente de la Mora.
aml
