Opacidad y corrupción de gobiernos, riesgos en la epidemia: TM y Tojil

Cuartoscuro

Una revisión que las organizaciones Transparencia Mexicana (TM) y Tojil han hecho de planes, fondos, programas y acciones dedicados a la contingencia provocada por Covid-19,  exhibe varios ámbitos con problemas y déficits que se deben de atender urgentemente porque significan riesgos de corrupción y opacidad de los gobiernos federal y estatal. Entre ellos destaca la falta de coordinación en materia de información pública.

Sobre ese aspecto, las organizaciones resaltan que no hay homogeneidad en la información sobre Covid-19 que los gobiernos estatales han publicado; peor aún, 10 no han hecho pública la información sobre los planes y acciones que desarrollan para enfrentar la epidemia, mientras que en 12 tienen varios micrositios y no concentrada en sólo uno del que se haga responsable la autoridad de cada entidad.

Asimismo, sobre la información ofrecida también ocurre que las autoridades estatales no presentan la información detallada, como las reglas de operación, el presupuesto asignado y el avance de cada programa dedicado a la epidemia.

Lo anterior conduce a que haya un déficit en transparencia presupuestaria, especialmente en 12 estados que no han brindado la información sobre los recursos que dedican a la atención de la contingencia. De la información proporcionada por las 20 entidades restantes y el gobierno federal, TM y Tojil calculan que el presupuesto para la pandemia es de poco más de 651 mil millones de pesos.

En materia de transparencia hay otro punto grave: hay 21 estados que no están haciendo públicas las contrataciones que han realizado para enfrentar la epidemia, y lo mismo ocurre en 23 entidades que no publican los créditos que entregan a empresas y productores, mientras que sólo 2 reportan la deuda pública que han adquirido.

Los otros dos poderes tampoco se libran de los señalamientos de TM y Tojil: sólo dos Congresos han empleado su facultad de fiscalización, y sólo uno de ellos ha activado una auditoria especial para los recursos empleados en la epidemia.

Respecto al Poder Judicial, sólo un estado ha previsto mecanismos para dar publicidad a audiencias penales que se hacen por videoconferencia.

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