jueves 28 marzo 2024

Exige ONU a gobierno de AMLO ofrecer disculpa pública al activista Damián Gallardo Martínez

por etcétera

El Comité contra la Tortura de la ONU pidió al gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador “que deje de criminalizar la defensa de los derechos humanos” y ofrezca una disculpa pública al activista indígena Damián Gallardo, víctima de tortura durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En comunicado de prensa emitido este 14 de diciembre, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU informó de sus conclusiones sobre el caso de Gallardo Martínez, arrestado sin orden judicial en 2013.

El organismo señaló que Gallardo sufrió cárcel injustificada y tortura de 2013 a 2018, y aunque ya fue liberado, las actuales autoridades mexicanas no han hecho nada por castigar a sus agresores, miembros de la policía, por lo cual el gobierno debe ofrecer una disculpa y dar garantías de no repetición del daño.

El Comité “exhortó a México a tomar las medidas necesarias” para garantizar que “quienes defienden la educación y los derechos de los pueblos indígenas no sean criminalizados por sus actividades legítimas de defensa de los derechos humanos”. 

“El Comité contra la Tortura de la ONU ha solicitado a México que deje de criminalizar la defensa de los derechos humanos, tras decidir el caso de un defensor de los derechos humanos cuya labor fue atacada, resultando en su detención y tortura durante más de cinco años por un delito que no cometió”.

El Comité contra la Tortura concluyó, señala, que “la detención y tortura de un defensor de derechos humanos pone a la luz la criminalización de la protesta social” en México.

Recuerda que Gallardo Martínez fue detenido y torturado por servidores públicos, miembros del Estado mexicano, por su participación en protestas lideradas por el SNTE en Oaxaca.

Gallardo “había estado promoviendo la educación comunitaria en comunidades indígenas de Oaxaca durante varios años” y es miembro de la comunidad mixe.

Luego de su arresto, a manos de siete policías, “estuvo detenido en régimen de incomunicación en un centro de detención clandestino, donde fue golpeado por agentes de policía para que divulgara información sobre otros participantes del movimiento por el derecho a la educación”.

Según el testimonio del activista, los policías “amenazaron con violar a su hija y a su pareja antes de matarlas y con asesinar a sus padres”.

Además, “fue obligado a firmar hojas de papel en blanco, que luego fueron utilizadas como una supuesta confesión” de participar en crimen organizado y el secuestro de dos jóvenes, sobrinos de un importante empresario.

Fue encarcelado por más de cinco años en un penal de alta seguridad en Jalisco, y finalmente liberado en diciembre de 2018.

Debido a que las denuncias por tortura no sirvieron para el que actual gobierno realizara ninguna “investigación significativa”, Gallardo y su familia llevaron su caso ante el Comité contra la Tortura, en el año 2019.

Este 14 de diciembre, a casi dos años de recibir el caso, el organismo dio a conocer sus conclusiones.

“En sus conclusiones, el Comité señala que el proceso penal iniciado contra el Sr. Gallardo Martínez se enmarca en un patrón de criminalización de las protestas sociales. El Comité exhortó a México a tomar las medidas necesarias para brindar garantías de no repetición, incluida la garantía de que quienes defienden la educación y los derechos de los pueblos indígenas no sean criminalizados por sus actividades legítimas de defensa de los derechos humanos”.

Asimismo, pidió al gobierno federal ofrecer a Gallardo y a su familia una reparación integral, que se ofrezca una disculpa pública y difunda las conclusiones del Comité en medios de comunicación.

*ofv

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