La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), lamento la decisión de los legisladores mexicanos para incrementar el catálogo de delitos que ameritan prisión oficiosa y consideró que se trata de una práctica que vulnera la presunción de inocencia, el debido proceso y el acceso a la justicia.
En un boletín de prensa, el organismo precisó que si bien es cierto que la prisión preventiva es una figura permitida en el derecho internacional, ésta es aplicable únicamente cuando se determina su pertinencia por parte de una autoridad judicial en casos específicos y con pleno sustento, sin embargo, en el caso de México, se avala el encarcelamiento indiscriminado de las personas, sin dar oportunidad a los jueces de resolver conforme a las circunstancias de cada caso.
“Se trata de una figura que favorece el injusto encarcelamiento de las personas, lesiona el derecho a la libertad personal, violenta la presunción de inocencia, vulnera el derecho a la defensa adecuada, trastoca la independencia judicial y favorece la tortura y los malos tratos”, se lee en el documento.
La ONU-DH recalcó que durante las exposiciones que organismos especializados hicieron durante el proceso legislativo, advirtieron de la incompatibilidad de la prisión preventiva oficiosa con las obligaciones del Estado mexicano en torno a los tratados internacionales suscritos en la materia; asimismo subrayaron que esta medida debilita las capacidades de investigación del delito, la adecuada implementación del sistema penal acusatorio y la construcción de un auténtico estado de derecho.
Si bien reconoció los desafíos que se enfrentan en México en cuanto a violencia y criminalidad, se hizo un exhorto a los diferentes niveles de gobierno a analizar la aplicación de otras medidas alternativas distintas a la privación de la libertad, para aquellas personas que no hayan sido condenadas en juicio por delitos que no sean de alto impacto. Lo anterior, con el fin robustecer a la defensoría pública y garantizar el derecho a la reparación integral a toda persona que haya sido injustamente encarcelada. De igual manera, resalto el debate en torno a este tema.
“La ONU-DH valora las contribuciones de los diversos actores que se opusieron a la reforma. Las voces de las organizaciones de la sociedad civil, la academia, especialistas en derecho penal y seguridad, organismos públicos de derechos humanos y, en particular, la de las víctimas de prisión preventiva oficiosa poseen un valor irrenunciable para la sociedad mexicana y son un aporte significativo al debate democrático”, concluye el comunicado.
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