Tras la conocer el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, Amnistía Internacional lamentó que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, repita un modelo fallido de seguridad militarizada y que “ha permitido la comisión de graves violaciones de derechos humanos”. Por lo tanto, lo urge a modificar esa estrategia que mantiene a las fuerzas federales en tareas de seguridad que corresponden a instituciones civiles.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tanie Reneaum, lo expresó así: “El nuevo gobierno debería romper el paradigma militar de seguridad y establecer un nuevo modelo. Deberían ser las instituciones civiles las responsables de la seguridad en el país y deben mantener el control de las operaciones. La propuesta del presidente electo de continuar la militarización debería ser enmendada para enfocarse en el fortalecimiento y profesionalización de las policías civiles”.
Por su parte, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional comentó: “La declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior parece abrir una oportunidad para el gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de desarrollar un plan detallado para el retiro pronto y ordenado de las fuerzas militares de las labores de seguridad. No obstante, es preocupante que el presidente electo haya presentado una propuesta de seguridad que repite esencialmente el modelo de seguridad militarizada fallido y que ha permitido la comisión de graves violaciones de derechos humanos en manos de las fuerzas armadas”.
Por su parte, Jan Jarab, el representante en México de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), hizo varios señalamientos sobre la militarización del país en ocasión de la decisión de la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior (LSI), resolución que aplaudió.
Comentó que esa decisión “envía un poderoso mensaje en contra de la militarización de la política de seguridad”. Y añadió: “El despliegue de las Fuerzas Armadas que ha tenido lugar durante la última década en la lucha contra el crimen no ha traído seguridad. En cambio, las personas en México han sufrido violaciones a sus derechos humanos y abusos por parte de actores estatales y no estatales, incluidas ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas“.
En un comunicado de hoy, Jarab comenta que “la decisión de la Corte debería brindar el ímpetu necesario para que las autoridades civiles sean adecuadamente entrenadas y fortalecidas, tanto para asumir plenamente sus obligaciones en materia de seguridad pública, como para cumplirlas en coherencia con las normas nacionales e internacionales de derechos humanos”.
Como la SCJN determinó que el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no debe ser permanente, el Estado debe adoptar un plan que garantice su retiro gradual, ordenado y verificable de las funciones que no les son propias.
Jarab concluye: “Hasta que este retiro sea completo, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe estar bajo el mando de las autoridades civiles y ser llevada a cabo en todo momento con pleno respeto de los derechos humanos, garantizando medidas de rendición de cuentas efectivas e independientes”.
Por su parte, ayer el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, dijo que si bien es positivo que el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 contemple diversos puntos de carácter preventivo en materia de seguridad pública y reconozca como premisa el respeto a los derechos humanos, debe poner énfasis en el papel esencial que las autoridades civiles deben tener al respecto y se prevenga la subordinación de autoridades civiles a militares.
Apuntó que en el documento que se hizo público se enfatizan acciones de carácter reactivo y sustentadas en el uso de la fuerza, como la creación de una Guardia Nacional que, mayoritariamente, estaría conformada por elementos de las Fuerzas Armadas, lo cual sería incompatible con la intención que se ha declarado en reiteradas ocasiones de fortalecer a las instituciones civiles de seguridad pública y dejar en manos de las mismas esta materia.
Señaló que el abatimiento de prácticas violatorias a los derechos humanos como ejecuciones arbitrarias, desapariciones y tortura no se puede garantizar con la sola creación de nuevos organismos, como la Guardia Nacional, sino que es necesaria una política integral que, de conformidad con lo previsto por la Constitución y los estándares internacionales, haga que la seguridad pública sea responsabilidad, tanto administrativa como operativa, de autoridades civiles.
Añadió que privilegiar esquemas reactivos sustentados en el uso de la fuerza no contribuirá a la pacificación del país ni al abatimiento de la violencia. Concluyó que la paz no se puede construir con sustento en el uso de la fuerza y el debilitamiento de las autoridades civiles.
A las voces críticas se ha sumado también Human Rights Watch, cuyo director para las América, José Miguel Vivanco, expresó: “López Obrador hereda una catástrofe de derechos humanos que ha sido causada, en gran medida, por la militarización de la seguridad pública en el país. Al redoblar la apuesta de esta estrategia fallida, López Obrador comete un error colosal que podría frustrar cualquier esperanza de poner fin a las atrocidades que tanto sufrimiento han causado en México en los últimos años”.
Por lo tanto, añadió Vivanco, “instamos a López Obrador a reconsiderar esta política desacertada y potencialmente desastrosa. Debería comprometerse a mejorar las fuerzas de policía civil del país, una tarea que, por más compleja que sea, es esencial para terminar de manera sostenible con la violencia y los abusos que han proliferado en México”.
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