La Organización de Estados Americanos (OEA) externó su preocupación por la tensión, descalificaciones a la autoridad electoral, infracciones de funcionarios y uso indebido de recursos públicos durante el proceso de revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que intervinieron irregularmente funcionarios de alto nivel, lo que pone en duda la validez y los resultados de la consulta ciudadana.
En su Informe Preliminar de la Misión de Visitantes Extranjeros en México la (MVE/OEA), encabezada por el catedrático y experto electoral Fernando Tuesta Soldevilla, la OEA destaca que la jornada de votación se haya llevado de forma pacífica y felicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) por la organización del proceso a pesar de los desafíos que debió enfrentar. Asimismo, resaltó el compromiso cívico de los miles de ciudadanos/as que fungieron como miembros de casillas el domingo.
La Misión dio seguimiento a aspectos clave del proceso, como la organización electoral, el uso de tecnología y seguridad informática, el sistema de justicia electoral, el voto en el exterior, el acceso a la información y la libertad de expresión, así como elementos específicos de un mecanismo de democracia directa.
Durante su estadía en México, la Misión sostuvo reuniones con autoridades electorales, asociaciones promoventes del ejercicio de revocación de mandato, grupos a favor y en contra de la revocación, dirigentes de partidos políticos nacionales, así como personas de la academia y de la sociedad civil para escuchar sus opiniones. A partir de estos encuentros, de la revisión de la legislación y otros documentos, y de la observación directa, pudo llevar adelante un análisis.
La OEA observó que, si bien algunas organizaciones y ciudadanos/as efectivamente buscaron promover esta figura con el objeto de remover al presidente del cargo, la activación de la revocación fue mayormente impulsada por una asociación civil que estaba a favor de la continuidad del primer mandatario y que entendía el proceso como un ejercicio de educación cívica respecto al nuevo derecho constitucional adquirido.
El informe revela que representantes de partidos de la oposición, entre otros actores, consideraron que se había desvirtuado el sentido de este mecanismo de participación y que era un ejercicio innecesario. Del mismo modo, algunos de los partidos aclararon que el rol de opositores al gobierno no debe entenderse como equivalente a la búsqueda de la interrupción de un mandato constitucional resultado del voto popular.
De lo anterior se desprende que la gran mayoría de los actores con los que se reunió la misión manifestaron, de una manera explícita o a modo de crítica, que se llevó a cabo un ejercicio de ratificación, a través del cual se dio un sentido inverso a la figura que establece la Constitución.
Al igual que en las elecciones federales y locales de 2021, la Misión observó que el contexto en el que se llevó a cabo el proceso de revocación de mandato presidencial estuvo marcado por un clima de alta polarización. La Misión observó también que distintos aspectos del proceso fueron motivo de controversia, debate público, y acusaciones.
“Los principales ejes de discusión fueron: la regulación de la revocación, el presupuesto del Instituto Nacional Electoral y la cantidad de casillas a ser instaladas, los procedimientos para la activación y difusión del ejercicio, así como las infracciones a las normas por parte de funcionarios públicos del más alto nivel”.
En un escenario de gran tensión, se observó que representantes de los más altos niveles de gobierno realizaron acusaciones contra la autoridad electoral. Asimismo, la Misión conoció que, en el marco de las controversias suscitadas en torno al presupuesto y la decisión del INE de posponer temporalmente la revocación, el Presidente de la Cámara de Diputados presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra seis consejeros y consejeras.
De acuerdo con la información consultada, la denuncia se hizo contra los consejeros y consejeras que votaron a favor de suspender las actividades preparatorias de la revocación, así como el Secretario Ejecutivo del INE, quien no cuenta con facultad de voto. Cabe aclarar que, si bien posteriormente se anunció que se retiraría la denuncia, ello no es posible puesto que la misma, una vez presentada, se investiga de oficio.
En este contexto, la Misión hace un llamado a que todos los actores se conduzcan con respeto y responsabilidad y a que canalicen sus discrepancias y reclamos fundados a través de los mecanismos que ofrece el sistema de justicia electoral. A su vez, reitera su preocupación por las continuas campañas de desprestigio y ataques institucionales contra el INE, que no solo aumentan la polarización existente en el país, sino que también menoscaban la democracia.
Con base en la experiencia acumulada a lo largo de seis décadas por la OEA en materia electoral, la Misión considera que el sistema electoral mexicano se caracteriza tanto por su fortaleza en la administración de los comicios como por contar con un robusto sistema de justicia electoral, con autoridades autónomas y especializadas en su materia. Si bien todo sistema electoral es perfectible, la Misión considera que las reformas que sean introducidas deben apuntar a fortalecer al organismo y no a restarle autonomía o capacidad técnica, lo cual significaría un retroceso importante para la democracia mexicana.
La Misión reitera lo señalado en 2021 sobre la importancia de resguardar la independencia de la autoridad electoral y evitar presiones indebidas que puedan condicionar el ejercicio de sus funciones. El sistema político mexicano y la sociedad en su conjunto se benefician de contar con instituciones electorales sólidas, profesionales e imparciales.
La OEA alertó que el TEPJF (la Sala Especializada y la Sala Superior) determinó que el Presidente de la República había incurrido en infracciones consistentes en la difusión de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada y el uso indebido de recursos públicos.
Se denunció también al Secretario de Gobernación y al titular de la Guardia Nacional, entre otras autoridades por su participación en una actividad de campaña a favor de la continuidad del presidente y por el uso del avión de la Guardia Nacional. La Comisión de Quejas y Denuncias también concedió medida cautelar y dispuso que ”ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros
La Misión de la OEA aclara que que las autoridades electorales no tienen actualmente competencias para sancionar a funcionarios públicos que violen la normativa. En caso de que se constate una infracción, el TEPJF debe informar al superior jerárquico del infractor, quien comunicará lo sucedido a las autoridades competentes para la responsabilidad administrativa o penal.
Resaltó respecto de la actividad reciente que incluyó la participación de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como otras autoridades de ámbito nacional y subnacional, el INE, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, dictó medidas cautelares por las que ordenó el retiro de las publicaciones de su participación en dichas actividades.
También se confirmaron medidas cautelares contra la Jefa de Gobierno de México y se dispuso que el grupo parlamentario Morena en el Senado eliminase el comunicado que realizó en apoyo al Presidente de la República durante la revocación de mandato y que las gobernadoras y los gobernadores de 18 entidades federativas debían retirar un comunicado de apoyo al presidente de México. En estos casos, aún queda pendiente la decisión sobre el fondo por la Sala Especializada y, en caso de impugnación, la Sala Superior del TEPJF.
A través de medios de comunicación y publicaciones de redes sociales, la Misión conoció sobre casos de traslado de grupos de ciudadanos para votar. Por su parte, dos partidos políticos informaron a la Misión que presentaron una denuncia en contra del dirigente de otro partido político por “actos de acarreo de votantes de manera deliberada”.
Al respecto, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral determinó dar vista de esta denuncia a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, toda vez que el acto denunciado es un presunto ilícito en materia electoral.
La Misión observó, por otra parte, que el INE debió desmentir informaciones falsas que se encontraban circulando en redes sociales en relación con la hora de votación y la ubicación de las casillas.
La jornada de votación estuvo marcada también por acusaciones cruzadas entre distintos actores. La Misión considera que la legislación y los procedimientos aplicables a futuros ejercicios de revocación de mandato deben ser revisados para evitar que se repitan los problemas normativos que afectaron a este primer ejercicio a nivel federal.
Con base en la observación realizada por las y los especialistas de la Misión, el análisis de la documentación y las reuniones sostenidas, se presentan las siguientes observaciones y recomendaciones preliminares.
– Evaluar la posibilidad de reformar la normativa aplicable a toda revocación o mecanismo de democracia directa, a modo de adecuarla a la naturaleza propia de este tipo de ejercicios e incorporar los aspectos que la regulación vigente no contempla. La Misión considera que, dada la importancia del cargo que está en juego, el umbral establecido es bajo.
– Evaluar la posibilidad de aumentar el porcentaje de firmas necesarias para la activación de la revocación de mandato del titular de la presidencia de la república.
– Profundizar el análisis realizado al proceso de recolección de firmas en papel para poder establecer medidas adicionales de seguridad de esta modalidad.
– Establecer mecanismos para que, en casos de que se incluya la firma de una persona sin su consentimiento, le sea posible darse de baja.
– Que para futuros ejercicios de democracia directa se le garantice al INE los recursos que requiere para cumplir con sus funciones. Estas incluyeron igualmente con medidas de seguridad como microimpresión, imagen latente, impresión invertida e impresión invisible.
