La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) enfrenta serios problemas de seguridad interna e incluso de atención nacional, pues de acuerdo con declaraciones de César Astudillo, titular de la nueva Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria, dentro de las instalaciones crece el consumo de droga y existen corredores de narcomenudeo, así como grupos insatisfechos con el gobierno.
En entrevista con el periódico El Universal, Astudillo aseguró que la institución debe hacer frente los problemas que la aquejan, por lo que implementarán una estrategia de seguridad en la que se incluye la creación de una Unidad Integral de Atención de Incidencias y el cambio del perfil de los vigilantes del campus.
El funcionario señaló que la Universidad necesita vigilancia de personas jóvenes de entre 20 y 30 años, con buenas condiciones físicas y de salud, con alto nivel educativo, mínimo de bachillerato, y se caractericen por un buen trato hacia el estudiante.
Asimismo, se creará un sólo teléfono a diferencia de los varios números de emergencia que existen actualmente, el cual concentrará todas las llamadas para reportes de delitos y su inmediata atención con un enfoque integral.
“Ya sea con una llamada y presionar un botón en las torres que tenemos, se active una emergencia que llegue a una central y que esa pueda procesar y atenderla, a través del envío de un médico, una ambulancia, bomberos. Crearemos la Unidad Integral de Atención de Incidencias, una especie de 911 dentro de la UNAM, que concentre todas las llamadas”.
Respecto al consumo de drogas en la institución, reconoció que el problema mayor es el alcohol y, el más complejo, la marihuana. Además de que los lugares problemáticos, identificados y denunciados por ser donde se vende droga, están en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) y el área de frontón que se ubica por la zona del Anexo de Ingeniería y la Facultad de Contaduría y Administración.
“Hay mayor consumo de marihuana, necesitamos revisar cómo va a impactar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque no dudo que aquí podamos tener algún incremento no sólo en el consumo, sino en la visibilidad”.
En tanto que, el Consejo Universitario de estudiantes de la facultad de Políticas expresaron el pasado 9 de diciembre su preocupación por el aumento de cámaras de vigilancia en las instalaciones, a lo que Astudillo respondió que existen lineamientos para el monitoreo.
“Siempre que hay una cámara hay una injerencia en tu privacidad, pero se justifica cuando a través de esa tecnología proteges no sólo a una persona sino a una comunidad, es decir, esas cámaras están ubicadas en lugares comunes”.
El pasado 10 de diciembre el rector Enrique Graue creó la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria, con lo que se pretende dar atención focalizada a los temas de prevención del delito, movilidad, asuntos extracurriculares, becas estudiantiles, servicio social, actividades deportivas, atención médica y vínculo con egresados.
De acuerdo con la Rectoría, uno de los problemas de Ciudad Universitaria es su colindancia geográfica con Santo Domingo, una de las colonias más complicadas en términos delictivos de la ciudad, lo que fomentó al crecimiento del problema con el narcomenudeo, según Astudillo.
Otra de la problemáticas es la falta de personal, por lo que desde mayo pasado y tras un reportaje del periódico Reforma, la institución se puso en contacto con las procuradurías del Distrito Federal y la General de la República (PGR) para aplicar la ley cuando se incurra en estas conductas.
“Lo que hacemos es denunciarlos y pedirles que por favor nos ayuden, que vengan y que mediante una investigación los identifiquen y detengan porque son delincuentes”, indicó.
Según datos del último informe de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario (CU), de 2007 a 2015 la incidencia de actos ilícitos registrados y atendidos en Ciudad Universitaria presentó una media anual de 944 eventos.
De los cuales, de cuatro de cada 10 delitos que se cometen se interpone una denuncia en instancias de procuración de justicia, pues el promedio anual de denuncias en ese lapso fue de 370, lo que representa 39% de investigaciones ministeriales iniciadas con respecto del total de incidentes.
Durante el rectorado de José Narro Robles, se presentaron ante instancias de procuración de justicia, federal y local, dos mil 955 denuncias penales por hechos ocurridos en instalaciones universitarias por distintos actos ilícitos.
Para julio de este año se tenía registro de 769 averiguaciones previas en tramite, de las cuales 573 fueron ante la Procuraduría General de la República (PGR) y 196 en procuradurías locales, gracias a lo que hubo un descenso del 47% en robo con violencia respecto a 2014.
De igual forma afirmó que existen grupos que muestran un resentimiento contra el gobierno, dentro y fuera de la institución, y el problema es que se valen del auditorio Justo Sierra para sus actividades, sin embargo, considera que no planean acudir a la fuerza pública para su desalojo.
“El tema es que no están acá, están afuera, pero claro que se articulan a través de lo que significa tener el auditorio Justo Sierra para sus actividades. No quiero adelantar nada porque no es una decisión que me competa 100%, es una opinión. Más que como funcionario, como académico creo que este tipo de temas se deben resolver con el diálogo y espero que se logren abrir canales de diálogo ahora que hay una nueva administración”.
Cabe señalar que dicho auditorio es ocupado por autodenominados anarquistas y desde 2000 es administrado por diversos grupos, activistas y colectivos que tienen conexiones con movimientos en el exterior.
slg
