Recomendamos: ¿No les gusta el INE? Quizá prefieran el órgano nicaragüense, por Pascal Beltrán del Río

Foto: EFE

No tenían ni ocho horas de haber cerrado las 13 mil casillas instaladas para recibir los votos en los comicios presidenciales del domingo en Nicaragua cuando la presidenta de Consejo Supremo Electoral (CSE) ya había declarado ganadores a Daniel Ortega y a su compañera de fórmula, su esposa Rosario Murillo.

Atrás quedó un proceso viciado por la violencia institucional y el encarcelamiento de siete potenciales rivales del presidente nicaragüense, reelegido por tercera ocasión. El órgano electoral cumplió su parte en el teatro, no sólo validando el triunfo de Ortega con casi 75% de las preferencias, sino asegurando que 65.3% de los ciudadanos empadronados había acudido a votar, cuando la organización independiente Urnas Abiertas dice que la participación fue de sólo 18.5% por ciento.

Apenas el 7 de mayo pasado, Brenda Rocha Chacón y Cairo Amador Arrieta fueron nombrados presidenta y vicepresidente del CSE, respectivamente. “Ambos son fieles militantes del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional y han mostrado ser férreos defensores de los intereses del presidente Daniel Ortega”, publicó entonces la revista digital Nicaragua Investiga.

Rocha fue parte de una brigada de alfabetizadores adolescentes que, en julio de 1982, fue emboscada por la Contra. Con un brazo destrozado, que finalmente perdió, fue la única sobreviviente del ataque. El entonces ministro del Interior, Tomás Borge, la convirtió en símbolo político, llamándola “la sonrisa de la Revolución”. Antes de presidir el CSE fue consejera en Managua y, de acuerdo con algunos medios nicaragüenses, también trabajó en la temida seguridad del Estado.

Amador es hermano de Carlos Fonseca, el fallecido fundador del FSLN. Como miembro de la Comisión de la Verdad para investigar el incendio de la Catedral de Managua en julio de 2020 —calificado como acto terrorista por el cardenal Leopoldo Brenes—, Amador apoyó la versión gubernamental de que se había tratado de un incendio no intencionado. Las relaciones entre la Iglesia y el gobierno se habían tensado a raíz de que aquélla respaldó las manifestaciones cívicas de 2018 y condenó la represión desatada por las fuerzas del orden.

Entre los magistrados del CSE también figura Lumberto Campbell, otro exmiembro de la guerrilla sandinista, señalado internacionalmente como defraudador electoral, quien ocupó internamente la presidencia del órgano en sustitución de Roberto Rivas, un acaudalado empresario, anteriormente ligado con el expresidente Arnoldo Alemán, que ayudó a Ortega a hacerse del poder absoluto mediante la descomposición del sistema electoral. La historia reciente de Nicaragua muestra cómo una autoridad electoral puede ser capturada por el poder y dar lugar a una hegemonía política.

Ése es el riesgo que corre, en México, el Instituto Nacional Electoral, constantemente bajo el asedio del gobierno federal y el oficialismo en el Congreso. El viernes pasado, durante una comparecencia ante la Cámara de Diputados para explicar la petición de presupuesto que había hecho el INE, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, fue bombardeado con recriminaciones y ofensas por parte de legisladores del oficialismo, mismas que él resistió con serenidad y hasta sentido del humor.

Sin embargo, no creo que haya concluido la intención de desacreditar y someter al INE (ahí está la propuesta de reducir su presupuesto en casi 5 mil millones de pesos). Hay quienes sueñan con un regreso a los tiempos en que los candidatos presidenciales eran destapados por el Ejecutivo en turno y los comicios eran organizados por la Secretaría de Gobernación. O, peor aún, quisieran que México tuviera un órgano electoral como el de Nicaragua, manejado, bajo la fachada de la especialización y la imparcialidad, por personajes afines a su causa.

Para que los servidores públicos trabajen bajo el escrutinio ciudadano, su acceso al poder debe ocurrir mediante lineamientos democráticos y el arbitraje de un órgano imparcial que garanticen que no haya ventaja para ninguna fuerza política en particular y prevalezca la preferencia real de los electores. De otro modo, el abuso se convierte en la norma.

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