El senador Ricardo Monreal Ávila hizo pública su iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sea el encargado de otorgar permiso a las redes sociales y garantice la libertad de expresión en el ámbito del ciberespacio con el establecimiento de límites a sus propietarios.
En un video difundido en las redes sociales, Monreal anunció que pondría su iniciativa en su página web para que el público la conozca y haga sus comentarios. Sólo después de recibirlos y de mejorarla la presentará, sin perder su propósito fundamental. También la presentará a otros legisladores.
Dijo que las redes sociales se han convertido en “poderosos emporios económicos, pero también en poderosos instrumentos de comunicación”, por lo que el Estado no puede mantenerse indiferente y debe regularlos en la Constitución y en la ley.
“Si los derechos humanos, en cualquier parte del mundo, están protegidos por el Estado, y hay una regulación en la Constitución y en las leyes, en donde el Estado no puede abusar ni extralimitarse de sus facultades y funciones, cuanto más un ente privado que también debe estar sometido a la ley y al derecho para que no viole derechos humanos de usuarios y de quien hacen uso de estas tecnologías de la información”, explicó el legislador.
Así, el Estado debe generar condiciones para proteger la libertad de expresión y el derecho a la información: “No puede un ente privado privarte de tus derechos”.
En la iniciativa, documento de 52 cuartillas, se establece que las personas físicas y morales que sean consideradas redes sociales relevantes (las que cuentan con más de un millón de suscriptores y usuarios) deberán ser autorizadas por el IFT para prestar el servicio. El Instituto será el encargado de establecer los requisitos mediante lineamientos de carácter general, y en la solicitud deberán incluirse los términos y condiciones del servicio que ofrecen para ser autorizadas por el IFT.
Los términos y condiciones a los que se hace referencia deberán ser acordes con los artículos sexto y séptimo constitucionales, así como con los tratados internacionales, la legislación nacional y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Otro punto importante es que, para suspender o cancelar una cuenta y para eliminar un contenido, los términos y condiciones del servicio hayan sido aprobados por el Instituto. Para la cancelación de una cuenta las redes sociales deberán contar con un área especializada en derechos humanos y libertad de expresión, que será la encargada de emitir la resolución.
Para ello, se deberá acreditar que el contenido difundido ataca la moral y el orden público, la vida privada y los derechos de terceros, que provoca algún delito o se perturba el orden público, que afecta derechos de menores de edad y se revelen datos personales.
Para hacer cumplir lo anterior, Monreal plantea multas de hasta un millón de Unidades de Medidas de Actualización (UMAS) en caso de que haya una suspensión de la cuenta de algún usuario que constituya una violación a la libertad de expresión.
Sin embargo, la iniciativa también deja la posibilidad de que los propietarios de redes sociales y los usuarios resuelvan conflictos por suspensión o cancelación de cuentas y eliminación de contenido. Pero considera que debe haber un procedimiento legal para hacer respetar el acceso a la justicia de los usuarios, por lo que estos podrían recurrir al IFT si el propietario de una red social se niega a, dado el caso, levantar la sanción. Pero también podrá haber juicio de amparo contra la resolución del Instituto.
También el documento explica que el motivo de la iniciativa es “proteger la libertad de expresión de los usuarios de redes sociales tanto en su faceta individual, como colectiva. Asimismo, evitar la censura masiva y discrecional de los particulares propietarios de las redes sociales”.
