La reciente, costosa y fallida consulta ciudadana respecto al juicio político a expresidentes impulsada por López Obrador, estableció una serie de premisas que serán instrumento político para fines de alto riesgo.
Primero: la consulta fue un barroquismo absurdo, que no arroja voluntad popular alguna de forma clara y transparente. La pregunta no cuestiona sobre el tema político que interesa, o por lo menos pregona, el presidente y sus seguidores. Es un enredo de “personajes políticos del pasado” y otras inconsistencias.
Segundo: viola la ley, al preguntarle al ciudadano si quiere que se haga cumplir la ley en contra de algunos posibles infractores.
Tercero: sólo sirve de propaganda al gobierno y a su movimiento, al argumentar ahora, que ellos querían llevar a juicio a los “malos del pasado”, pero sus aliados y socios lo impidieron.
¿Quiénes son sus aliados y socios? Y ahí viene justamente la valiosa utilidad política de la opereta del domingo: atacar y desgastar al INE y a sus consejeros.
La misión dictada desde Palacio es controlar y someter al Instituto. Evitar y reducir su independencia, colocar ahí a personajes afines al régimen que funcionen como un corifeo de Palacio. Realizarán elecciones, contarán votos y emitirán resultados, de acuerdo a la voluntad del caudillo. No resulta gratuito que los mensajes emitidos por el presidente desde el lunes, estén destinados a atacar, descalificar y agredir al Instituto y a sus consejeros: “fingen ser demócratas”, pero en realidad no lo son; “en México estamos mal en democracia, apenas vamos avanzando en eso, pero tenemos al aparato electoral más caro del mundo”.
Toda la artillería presidencial estará dirigida y apuntada a desmantelar el actual engranaje legal e institucional que sustenta la incipiente democracia mexicana.
En la óptica de AMLO, el INE es caro, ineficiente, innecesariamente transparente y defensor de una ley que el presidente califica como equívoca. Anunció ya que enviará una iniciativa de reforma electoral a la Cámara. Antes de que concluya este año y el siguiente periodo legislativo (septiembre-diciembre) tiene que estar en vigor un nuevo marco de reglas y normas que puedan ser controladas desde Palacio. La meta evidente es tener todas las riendas y botones que impidan la derrota en la siguiente consulta popular: el plebiscito de si se queda o debe renunciar el presidente López Obrador (marzo 2022).
Ayer por la mañana, el representante de Morena en el INE anunció la intención de impulsar un juicio político en contra de los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.
A los ojos de Morena “boicotearon” la consulta porque no hicieron suficiente difusión y promoción de la misma.
Todo está perfectamente planeado desde el despacho presidencial. Incluso la baja participación de sus simpatizantes y seguidores –que son muchos más que los 6.6 millones de asistentes el domingo– para utilizar como ariete contra el INE.
A AMLO le incomodan los contrapuntos, le disgusta la oposición.
Cuando se mira frente al espejo, observa la imagen nítida del “padre de la auténtica democracia mexicana”, el líder del movimiento transformador que cambió a este país.
Su visión, confusa y prejuiciosa, salpicada de jirones ideológicos y religiosos diversos, le impide comprender que ganó unas elecciones legítimas gracias al ejercicio profesional, transparente, imparcial del Instituto que ahora trata de neutralizar. El presidente se concibe como un líder moral más allá de la ley, del marco jurídico vigente, de las regulaciones que el INE pretende imponer una y otra vez.
El argumento del costoso aparato, de la carísima democracia es muy poderoso frente a la ciudadanía. Sin embargo, miente y truquea la realidad –algo muy común en su estilo– cuando se abstiene de mencionar que buena parte de esos dineros públicos no son para el INE, sino para los partidos políticos. Lo verdaderamente costoso para los mexicanos, son los muchos millones que entregamos a los partidos cada año y que el responsable de esa función es el INE, pero no para su propia organización.
Ahora que AMLO ganó, bajo estas reglas modificadas al paso de los años por sus muchos reclamos e iniciativas de cambios legales para garantizar piso parejo, el presidente López Obrador en funciones, quiere regresar al control estatal de los comicios. Reducir partidas y participaciones a partidos y candidatos, apretar la integración del INE, castigar para el rugido de la plaza pública a los consejeros independientes que no se someten a su voluntad, y colocar ahí a sus incondicionales.
Esta será la gran batalla que México y los ciudadanos libres de este país, tendremos que dar para defender nuestra imperfecta democracia. Si Andrés Manuel tiene éxito en su propósito, sufriremos el más grave retroceso democrático desde la Decena Trágica y el golpe criminal del usurpador Victoriano Huerta.
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