La Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE-Chihuahua) filtró a medios de comunicación parte de la investigación relacionada con el asesinato de la periodista Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada.
Este miércoles, El Heraldo de Chihuahua publicó parte de los avances de la averiguación que la fiscalía realiza desde el 23 de marzo y la cual, según el gobernador Javier Corral, prácticamente está terminada aunque no hay ni un detenido.
Según la indagatoria, los autores intelectuales del crimen son Adán Salazar Zamorano y Crispín Salazar Zamoranos, presuntos líderes de Gente Nueva, un brazo armado del Cártel de Sinaloa que opera principalmente en Chínipas y zonas aledañas.
La investigación refiere que el sobrino de Crispín Salazar habría sido el chofer de la camioneta Chevrolet Malibú 2009 en la que huyó el autor material (aún no identificado) y dos personas más, quienes escaparon a una casa en la colonia Revolución.
Tras analizar varias horas de videos, se ordenó el cateo del domicilio donde se encontraron objetos del sobrino de Salazar Zamorano, quien habría rentado la casa junto con otras dos personas mientras realizaba sus estudios.
“Originalmente los integrantes de Los Salazar intentaron desviar la atención y adjudicar el crimen a Arturo Quintana Quintana, ‘El Ochenta’, jefe del grupo criminal Nuevo Cártel de Juárez (rival de Gente Nueva). Lo hicieron con una cartulina el día del homicidio, luego con una manta y otra cartulina colocada junto al cuerpo de Gabriel Ochoa Cárdenas, asesinado hace cuatro meses”, se lee en la filtración.
“Luego de ejecutar a esta persona inocente le sembraron el arma que fue utilizada en el asesinato de la periodista, en un intento de los criminales por frenar la investigación que la FGE realizaba contra Los Salazar”.
Aunque en se menciona que el trabajo periodístico de la reportera sería el móvil del delito, no precisa por qué trabajo. Asimismo, no explica por qué a pesar de esta información y de haber obtenido las órdenes de aprehensión no se ha detenido a nadie.
Al respecto, la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara-Rosas, externó su preocupación por la poca seriedad que demuestra el Estado ante este tipo de casos.
“Es preocupante que las investigaciones no tomen un rumbo serio, lo que es una contundente evidencia de la situación que enfrentan hoy en el país defensores de derechos humanos y periodistas. Independientemente de quiénes son los autores, el Estado está obligado a proteger a estos profesionales”, declaró Guevara-Rosas, de acuerdo con el reporte de La Jornada.
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