Recomendamos: “Hasta que México no regule las drogas será imposible una pacificación del país”

Un soldado mexicano quema una plantación de marihuana en Aguililla, en el Estado de Michoacán. AP

El nuevo gobierno mexicano parece decidido a abrir el melón regulatorio de las drogas. En apenas dos semanas desde la aplastante victoria de Morena, la virtual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha lanzado ya varios dardos dirigidos a la legalización como herramienta de la nueva política de seguridad pública. “Tengo una carta abierta para hacer lo que sea necesario para pacificar el país”, dijo esta semana. El debate está servido en el país más maltratado por la guerra de las drogas.

“Ya la despenalizó Canadá y casi la mitad de los Estados de EE UU. ¿Qué estamos pensando, matándonos, cuando ya toda Norteamérica la está despenalizando y muchos países europeos?”, defendió Cordero la semana pasada. El debate en México no es nuevo. Un expresiente, Ernesto Zedillo, fue uno de los protagonistas de una encendida declaración a favor de la legalización a principios de esta década. Pero han sido los cuatro históricos goles de la Corte Suprema en 2016 los que han abierto aún más las puertas. Desde entonces, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó un giro con un proyecto de ley para elevar la cantidad mínima que se considera delito y permitir los usos terapéuticos. El Parlamento solo validó la legalización con fines medicinales.

“La iniciativa del nuevo Gobierno es una condición necesaria pero no suficiente para la pacificación del país. Para que la legalización de la mariguana y de la amapola tengan efectos en la pacificación hay que acompañar la medida con un fortalecimiento de instituciones civiles que garanticen la seguridad: desmilitarización, programas sociales para los consumidores, para los campesinos que hasta ahora han trabajado para el crimen organizado y ahora pasarías a sectores legales” apunta Froylan Enciso, profesor investigador del Programa de Política de Drogas del CIDE.

Desde que Felipe Calderón sacara en 2006 al Ejército a la calle para combatir el crimen organizado el saldo es de más de 160.000 muertos, decenas de miles de desaparecidos y desplazamientos forzados. El año pasado, las tasas de violencia estallaron hasta colocar a 2017 como el año más sangriento desde que se tienen registros. “Hay que modificar esa política de drogas que justificó la militarización, la sobreexplotación del ejército en labores de seguridad pública que van más allá del marco constitucional”.

La polémica Ley de Seguridad interior, aprobada a finales del año pasado con la mayoría priista en el parlamento, consolidó el uso del ejército en labores policiales. El nuevo Gobierno no ha dejado muy claro si su intención es derogarla o buscar las grietas de la ley para interpretarla a su favor.

“No hay que pensar en la política de drogas como la panacea, como bala de plata. La nueva legislación debe poner control a su consumo, trasiego y producción, pero no se le puede encargar la solución de la seguridad pública”, incide Aram Barra, activista en derechos humanos e impulsor de uno de los históricos amparos ande la Suprema Corte. “En todo caso –añade–, sin una regulación de las drogas es imposible pensar en una eventual pacificación del país. Hay que pensar en una regulación responsable que regrese a las manos del Estado la producción para que haya una separación entre el mercado ilegal y legal, afectando a directamente a los recursos de crimen organizado. Se estima que los ingresos del narco provienen de la marihuana en un rango de entre el 20% al 60%”.

Más información en: El País

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