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Foto: Cuartoscuro

No puedo iniciar esta columna sin antes aplaudir al ministro X de la SCJN —no se dio a conocer su nombre— que prohibió reservar información sobre las obras prioritarias del gobierno federal, como pretendía el decretazo de AMLO; aunque sólo sea para la transparencia.

Tampoco quiero dejar de subrayar la valentía del Inai por haber presentado la controversia constitucional contra ese acuerdazo que confirma la tesis de que la zona más turbia de la 4T es, paradójicamente, la transparencia.

Lo que sí tuvieron los consejeros del “Instituto de la Transparencia” —como llama el Presidente al INAI— le faltó a la senadora Olga Sánchez Cordero, a los legisladores de Morena y a sus rémoras en la Cámara alta.

Dice el incidente de suspensión de la controversia constitucional 217-2017:

“Se concede la suspensión solicitada por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en los términos y para los efectos que se indican en la parte denominada ‘Apartado Primero’.

“Es procedente la suspensión para que se suspendan —es textual— todos los efectos y las consecuencias del acuerdo impugnado, que deriven en catalogar la información detallada en éste como de interés público y/o de seguridad nacional, sin cumplir con los supuestos que las leyes respectivas prevén para ese efecto.

“La medida suspensional concedida surtirá efectos de inmediato y sin la necesidad de otorgar garantía alguna”, puntualiza.

Aún no se analizan los otros efectos del decreto, como nos hace ver el diputado del PAN, Jorge Triana. “Por ejemplo, que se puedan hacer obras sin los permisos respectivos”, subraya.

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