La Ley de Seguridad Interior (LSI) es sólo uno de varios pasos que tendrán que darse en una nueva estrategia en contra del crimen organizado, cuyos resultados tardarán varios años en concretarse, admitió el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia
En entrevista con el periódico Reforma, el funcionario negó que dicho ordenamiento legal pretenda perpetuar el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, y aseguró que su objetivo central es dar un marco regulatorio a la actuación de las corporaciones castrenses en funciones que han tenido que asumir ante una coyuntura crítica derivada de la debilidad de las corporaciones policiacas estatales.
Expuso que desde 1999 los gobiernos de los estados descuidaron la construcción de instituciones fuertes de seguridad, y en consecuencia, éstas fueron permeadas por las organizaciones criminales, con la consecuencia lógica de un desbordamiento de los delitos. Y ante ese panorama, argumentó, el Ejército y la Marina prestaron a las entidades afectadas por esta crisis, algo que la Constitución permite.
Apuntó que frente a una estrategia de seguridad fracturada por la falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, la elevada demanda de drogas en Estados Unidos y el ingreso de precursores químicos desde Asia, entre otros factores, hacen necesario que las Fuerzas Armadas permanezcan en tareas de seguridad, en tanto no se cuenten con las instituciones de seguridad civiles, locales y nacionales, para enfrentar la actividad delincuencial. Pero, insistió, eso no será para siempre.
Calificó como “el círculo rojo” a quienes critican la LSI y la perciben como una acción aislada para solucionar los problemas de inseguridad y reiteró que en la misma norma está bien establecido su carácter temporal. Si bien están en libertad de opinar, no necesariamente la opinión pública es la opinión publicada, sostuvo.
“No es lo ideal, no es lo que quisiéramos, es lo que tenemos. Tenemos que reconocer realidades y actuar conforme a lo que sucede, regular lo que sucede en los hechos, el derecho para eso está”, abundó.
Admitió, sin embargo, que de acuerdo con las últimas estadísticas la cifra de homicidios dolosos asciende a 22 mil por cada 100 mil habitantes.
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