Tres representaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México calificaron como una regresión la reciente reforma constitucional del Congreso de Veracruz con la que se penaliza el aborto.
La Oficina en México de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres), la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México, lamentaron esta modificación propuesta por el gobernador Javier Duarte pues “compromete el derecho de las mujeres”.
“La reforma aprobada supone una regresión, contraria al artículo primero de la Constitución (federal) y a los tratados internacionales ratificados por México, en el reconocimiento de los derechos humanos”, se lee en un comunicado conjunto de los tres organismos.
Agrega que la modificación “podría contribuir a la estigmatización de las mujeres que quieran acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, así como provocar un efecto inhibitorio en los prestadores de dicho servicio”.
La ONU recordó que “la restricción en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, ya sea por causas estructurales, legislativas, políticas o de cualquier otra índole, les afecta gravemente su vida, salud, educación e integridad”.
“Impacta su desarrollo y el de sus familias; incrementa la discriminación y el riesgo de violencia contra ellas, y conlleva graves consecuencias como el embarazo adolescente, los abortos clandestinos e insalubres y la mortalidad materna”, agregaron.
ONU-Mujeres, ONU-DH y UNFPA señalaron que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU advirtió desde 2012 que en México existen “enmiendas introducidas en las constituciones locales que protegen la vida desde el momento de la concepción” que ponen “en peligro el disfrute por la mujer de su salud y derechos sexuales y reproductivas”.
Este jueves, el Poder Legislativo aprobó la reforma de Duarte, la cual determina que el Estado debe proteger la vida desde que un espermatozoide fecunda un óvulo (interpretación del gobernador que no tiene sustento ni científico ni legal).
mahy
