1 de julio de 2018: hasta ahora, una victoria pírrica

Andrea Murcia/Cuartoscuro

A dos años de su triunfo electoral, los resultados del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador distan mucho de ser buenos; al contrario: no sólo incluso son peores que los de los gobiernos anteriores sino que están muy por abajo de lo que prometió en su campaña electoral. Así ocurre en muchos temas cruciales para el país, como la seguridad, la economía, el empleo, la pobreza, la salud y la libertad de expresión.

En materia de seguridad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), presentada en abril pasado, 73.4 por ciento de los mexicanos se sienten inseguros en la ciudad en la que viven, que supera el 72.9 por ciento de diciembre y el 71.3 por ciento de septiembre pasados.

Esa es la percepción, y la realidad es que entre diciembre de 2018, cuando tomó posesión López Obrador, y mayo pasado, en el país se han cometido 53 mil 628 homicidios (que supera los 45 mil 582 de diciembre de 2016 a mayo de 2018), un promedio diario cercano a 100. Son tasas superiores a la de los periodos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Y cabe añadir que 2019 fue el más violento de los años recientes, ya que fueron cometidos 34 mil 582 homicidios dolosos, un incremento de 2.48 por ciento respecto a los 33 mil 743 registrados en 2018.

Además, el actual gobierno ha aumentado la militarización de la seguridad pública, primero con la creación de la Guardia Nacional y después con la intervención del Ejército en esas tareas. Pese a lo cual los fracasos están a la vista con casos relacionados con el crimen organizado, cuyo ejemplo más palpable ocurrió con el llamado “culiacanazo” y la liberación de Ovidio Guzmán, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.

En materia de corrupción, cuyo combate es uno de los emblemas de los dichos de López Obrador, los números no son buenos: según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, entre 2017 y 2019 la tasa de prevalencia de corrupción (población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó algún acto de corrupción) por cada 100 mil habitantes aumentó de 14 mil 635 víctimas a 15 mil 732, mientras que la tasa de incidencia se incrementó de 25 mil 541 a 30 mil 456.

El costo de la corrupción fue de 12 mil 770 millones de pesos. Está muy lejos del ahorro (si así hubiera ocurrido con la cifra mencionada, de lo cual no hay prueba) de 500 mil millones de pesos al que se comprometió durante su campaña electoral el hoy presidente, cifra que no se alcanzaría ni en el sexenio entero.

El gobierno mantiene estancado al Sistema Nacional Anticorrupción y ha atacado al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Además, se ha visto envuelto en varias denuncias de corrupción, como los casos de las propiedades inmobiliarias de Manuel Bartlett, John Ackerman e Irma Eréndira Sandoval, así como como contratos del gobierno con varios familiares de funcionarios y a empresas que fueron creadas en vísperas de que el presidente tomara posesión, entre otros ejemplos.

EL DERRUMBRE SOCIOECONÓMICO

En términos de economía, una de las preocupaciones más sentidas de la población, después de que en 2019 se registrara un crecimiento de -0.1 por ciento (la peor cifra desde 2009), durante el primer trimestre de este año continuó la caída con -1.2 por ciento.

Por si fuera poco, las proyecciones para este año son nada halagüeñas: según la encuesta mensual que entre especialistas levanta el Banco de México, la caída del producto interno bruto (PIB) en este año será de -8.97 por ciento. Otras estimaciones dejan ver un derrumbe más marcado: el Fondo Monetario Internacional considera -10.5 por ciento (apenas en abril había calculado -6.6 por ciento).

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico calcula una disminución de 8.6 por ciento del PIB. La calificadora Moody’s estimó en mayo una caída de 7 por ciento, mientras que a fines de ese mes Bank of America mencionó que sería de 10 por ciento.

Por supuesto, las cifras están muy lejos de las promesas de crecimiento que había hecho López Obrador, de 6, 4 y hasta 2 por ciento (esta última cifra es la que tanto criticó de los gobiernos anteriores). Por ello el presidente incluso ha criticado ese indicador, con el que él midió a las administraciones “neoliberales”, y ha propuesto la creación de uno nuevo.

Lo anterior es, en buena medida, a la falta de una decidida respuesta fiscal del gobierno para enfrentar la crisis desatada por el coronavirus. No se ha implementado una política contracíclica que pueda contribuir a sacar a flote a empresas y preservar el empleo.

En materia de empleo, después de que en 2019 se habían creado más de 340 mil empleos, la Covid-19 arrasó con ello: el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que en marzo, abril y mayo de este año se perdieron 1 millón 30 mil empleos, además de que 3 mil patrones se dieron de baja.

Según datos del Inegi, en el país hay 34.3 millones de mexicanos que requieren empleo: 1.9 millones son población desocupada, 13 millones subocupada y 19.4 de población no económicamente activa. Esa cifra aumentó respecto a mayo en 3.6 por ciento (33.1 millones).

Asimismo, en la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) se señaló que de abril a mayo de este año 3.1 millones de trabajadores perdieron su vínculo laboral, además de que 1.9 millones de mexicanos se incorporaron a la informalidad. Aumentaron los subempleos en 2 millones, y la subocupación llegó al 29.9 por ciento (antes era de 25.4). Los trabajadores independientes ya son 19 por ciento del total (en la encuesta anterior eran 17.9 por ciento).

Muy lejos de la creación de 2 millones de empleos prometida por el presidente para este año.

Y en esas circunstancias, un dato para aquilatar un poco la dependencia económica del exterior y que se debe a la expulsión de fuerza de trabajo del país: en su cuenta de Twitter Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, encontró un dato positivo en el escenario: que las remesas familiares de mayo alcanzaron los 3 mil 379 millones de dólares, un 3 por ciento mayor que el mismo mes de 2019. Por ello, señala, el flujo de los últimos 12 meses alcanzó los 37 mil 512 millones de dólares, lo que significa un nuevo máximo histórico. Concluyó su mensaje: “Gran sacrificio de nuestros connacionales que trabajan en Estados Unidos, que ante una tasa de desempleo histórico, aún así aseguran mandar su remesa mensual a sus familiares en este país”.

Sobre las graves consecuencias sociales que acarreará la crisis provocada por la Covid-19 y la falta de una adecuada atención, habría que mencionar que la Comisión Económica para América Latina calcula que en México una de las consecuencias es que habrá hasta 21.7 millones de mexicanos en pobreza extrema (2019 cerró en 14.1 millones).

Por su parte, hace unos días José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, afirmó que hace la epidemia puede dejar 10 millones más de pobres, lo que significaría un retroceso social muy importante. Para ello pidió que los programas sociales se amplíen.

El de la salud es uno de los mayores desafíos que ha enfrentado el gobierno. Uno de sus grandes temas fue la eliminación del Seguro Popular para sustituirlo con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que hasta ahora presenta graves problemas en su planeación e implementación, lo que le trajo conflictos con diversos gobernadores.

Pero el gran tema es el de la epidemia de Covid-19, en el que los números tampoco son buenos. Después de la llegada del coronavirus a México, el 16 de abril el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell señaló que, según su predicción, el primer ciclo de la epidemia se extendería hasta el 25 de junio con una transmisión muy baja en las siguientes semanas. El pico máximo de transmisión lo ubicó entre el 8 y el 10 de mayo.

Asimismo, el día 23 de abril el funcionario afirmó que en México habría entre 6 mil y 8 mil muertos por Covid-19. Posteriormente López-Gatell, en una comparecencia ante legisladores, aumentó la cifra hasta entre 30 y 35 mil fallecimientos, e incluso planteó un escenario catastrófico de 60 mil.

Sin embargo, hasta el 1 de julio ya son 28 mil 510 los fallecimientos por la enfermedad, así como 231 mil 770 contagiados.

Las predicciones de la Secretaría de Salud han resultado totalmente equivocadas: el 30 de junio López-Gatell afirmó que “la epidemia ha sido activa y en su momento más alto”, además de que dijo que se espera que la primera ola de la epidemia se prolongue hasta octubre.

Es evidente que las predicciones del funcionario han resultado muy erradas: muy lejos ha quedado el pico señalado para mayo, la conclusión del primer ciclo no fue el 25 de junio sino que ahora se plantea que sea cuando menos tres meses después, y decesos y contagios aumentan mientras medidas como el confinamiento se relajan.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN, SIN CAMBIOS

En lo referente a la libertad de expresión es bastante claro el informe Disonancia: voces en disputa, de Article 19, en el que se señala que en 2019 se cometieron agresiones contra 609 periodistas y 10 fueron asesinados (en 2020 ya han sido al menos cuatro), que significan un aumento de casi ciento por ciento en comparación con el primer año de Enrique Peña Nieto y de 12 por ciento respecto a 2018.

Ese informe también destaca que cada 15 horas se agrede a un periodista. Asimismo, la impunidad de esos ataques contra el periodismo continúa en 99 por ciento de los casos.

Lo anterior lleva a Article 19 a decir que “el rumbo de la violencia contra la prensa y la impunidad se mantiene igual”. Pero hay otra anotación contundente: “El tipo de ataques sufridos son estigmatización por medio de la comunicación oficial, amenazas de acciones legales y campañas de desprestigio. No hay duda de que la violencia y la hostilidad de los líderes políticos hacia la prensa en México se disparó en 2019”.

Esa estigmatización y campañas de desprestigio se han mantenido este año, como lo demuestran los casos de Irma Eréndira Sandoval, quien utilizó la expresión “sicarios mediáticos” para calificar a los autores de un reportaje sobre sus propiedades, y de Sanjuana Martínez, directora de Notimex, a quien se acusa de mantener, con recursos públicos, campañas en redes sociales contra periodistas y extrabajadores de la agencia.

La que también se mantiene en términos similares es la discrecionalidad y la opacidad con la que es asignada la publicidad gubernamental, además de que “no ha habido la intención de cambiar esta fórmula”.

Aunque los recursos dedicados a este rubro disminuyeron, permaneció la concentración en algunos medios.

Los últimos dos no han sido, ni de lejos, buenos años. Por ello la victoria del 1 de julio de 2018 ya parece digna de Pirro.

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