Un juez negó a Banco Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, una suspensión definitiva en contra de las modificaciones a los “Lineamientos hacia la nueva normalidad en la Ciudad de México”, que obliga a las empresas con actividades presenciales practicar pruebas de detección de Covid-19 a su personal.
El pasado 19 de enero, el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, dio entrada al recurso de amparo promovido por Banco Azteca, en el que solicitaba no aplicar cada 15 días las pruebas PCR a los trabajadores de las tiendas Elektra y sucursales de Banco Azteca en la capital del país. La empresa alegó violaciones a sus derechos establecidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución, reporta La Silla Rota.
Ante ello, el Gobierno de la Ciudad de México presentó un recurso de impugnación y el caso fue turnado al Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para su análisis en espera de una nueva resolución.
El fallo emitido este miércoles por el juez Francisco Javier Rebolledo Peña, negó a Banco Azteca la suspensión definitiva contra la modificación a los lineamientos ya mencionados, por lo que la firma deberá cumplir con la aplicación de las pruebas a sus empleados.
Cabe recordar que el pasado el 4 de diciembre del 2020, el Gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial el acuerdo mediante el cual se establecen a las empresas con actividad presencial, diversas medias apremiantes de protección a la salud para disminuir la curva de contagios por coronavirus.
En unos de sus puntos indica que las personas físicas o morales titulares de los establecimientos o responsables de las actividades que, conforme al color del semáforo epidemiológico, se encuentren operando con una plantilla presencial de 100 o más personas por cada centro de trabajo, deberán practicar quincenalmente pruebas rápidas de antígeno para la detección del virus SARS-CoV-2, asumiendo el costo de las mismas.
“Dichas pruebas deberán ser aplicadas en los laboratorios clínicos o autorizados para realizar pruebas Covid-19 en la Ciudad de México, a por lo menos el 10 por ciento de la totalidad de dicha plantilla, ya sea de forma individual o grupal para el caso de pruebas de RT-PCR”, se lee en la Gaceta.
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