Los jueces se están volviendo garantía de libertad para delincuentes

Cuartoscuro

En el último año se han registrado decisiones de jueces para conceder la libertad de presuntos miembros del crimen organizado, principalmente debido a deficiencias e irregularidades cometidas por las autoridades responsables de las detenciones.

A continuación presentamos algunos de los casos más emblemáticos de la anterior situación, que ha permitido que la llamada “puerta giratoria”, la detención y liberación pronta de inculpados, siga funcionando.

En marzo del año pasado fueron detenidos un par de presuntos integrantes de la Unión Tepito, Alexis “N”, el Alexis, y Ricardo “N”, el Perky, a quienes se acusó de narcomenudeo. Sin embargo, la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, no logró acreditar convincentemente la acusación y el juez determinó que fueran liberados mediante una garantía económica de 20 mil pesos, la prohibición para salir del país y que se presentaran cada 15 días en el Centro de Justicia Penal Federal. Así han podido enfrentar su proceso en libertad.

En mayo fue detenido Alexis Osmar “N”, el Osmar, a quien se denunció como miembro de la Unión Tepito encargado de las extorsiones en Polanco y en el Centro de la Ciudad de México, además de narcomenudeo. Sin embargo, en agosto se anunció su liberación, lo que incluso el inculpado anunció en redes sociales, en las que además se declaró listo para seguir laborando.

Según se informó después, el Osmar fue dejado en libertad para seguir su proceso porque aceptó el delito de extorsión agravada y por pagar la reparación del daño a la víctima. También se le advirtió de no acercarse al lugar que en el que había extorsionado ni a las víctimas.

El siguiente caso fue el de Víctor Hugo “N”, el Sica, un presunto extorsionador y distribuidor de droga de la Unión Tepito en la zona de Coapa, Coyoacán y San Jerónimo, quien fue detenido en junio de 2019 y liberado en septiembre.

Posteriormente, en octubre vino la detención por unas horas de Ovidio Guzmán López, en Culiacán, Sinaloa. Contra este hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, uno de los cabecillas del Cártel de Sinaloa, las autoridades mexicanas lanzaron un operativo por la tarde del 17 de octubre. Sin embargo, después de que fuera aprehendido la banda delictiva se movilizó de forma rápida y contundente para dominar la ciudad, por lo que las autoridades federales determinaron devolver la libertad del presunto narcotraficante apenas a unas horas de haberlo capturado. Este caso es diferente porque no hubo determinación de un juez, pero sí la incompetencia de las autoridades que realizaron la detención.

En otro operativo realizado el 22 de octubre de 2019 contra la Unión Tepito fueron detenidas 32 personas. El día 24 un juez, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, ordenó la liberación de 27 de ellas. Consideró que las detenciones fueron fabricadas y ejercieron violencia en contra de cinco de las detenidas. La Fiscalía General de la República les imputaba a los detenidos delitos contra la salud y portación de arma de fuego.

Asimismo, el juez ordenó al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, iniciar una investigación por el operativo.

Posteriormente fueron liberados otros tres hombres, familiares o con algún parentesco con Óscar Andrés “N”, el Lunares. Pero no pudieron ser vinculados a proceso por delitos contra la salud, lavado de dinero y almacenamiento de moneda falsa.

Entonces García Harfuch expresó que fortalecerían el área jurídica de la Secretaría para “ser más precisos en la puesta a disposición”.

El pasado 29 de enero fue detenida Karina “N”, pareja de José Antonio “N”, el Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, juntos con otras tres personas, en un domicilio en Celaya, Guanajuato, en el que fueron halladas armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Sin embargo, el 6 de febrero fue dejada libre debido a que un juez federal consideró que las cuatro personas fueron detenidas ilegalmente porque las fuerzas de seguridad ingresaron de forma ilícita en el domicilio de la aprehensión. Además, no encontró elementos para vincular a proceso a esas personas.

Sophia Huett López, la comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategias para la Seguridad Ciudadana de Guanajuato, afirmó que esas son decisiones de jueces federales, y que no tenía más información.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo al respecto: “Lamentamos hechos como los registrados ayer en el sentido de que la pareja sentimental de uno de los líderes criminales más relevantes de la entidad fue liberada”.

Agregó: “El juez alega fallas en el debido proceso; nosotros respetamos la decisión del juez, pero no deja pues de ser lamentable, que después de un esfuerzo de investigación relevante nos encontremos que unas personas regresen a la calle sin haber pagado”.

Apenas el pasado 31 de enero Óscar Andrés “N”, el Lunares, uno de los líderes de la Unión Tepito, fue detenido en Hidalgo acusado de delitos contra la salud y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército. Pero apenas ayer 8 de febrero una juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente decidió otorgarle la libertad debido a irregularidades en la detención.

La juez dijo que “no puedo conceder la vinculación a proceso que exige la Fiscalía. Hay una insuficiencia de datos de prueba para vincular a proceso”.

Sin embargo, al salir del penal de máxima seguridad de El Altiplano el Lunares volvió a ser detenido, en esta ocasión bajo el cargo de secuestro exprés agravado. Fue conducido al Reclusorio Norte.

Las situaciones anteriores llevaron a que este domingo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadano emitiera una tarjeta informativa que dice que casos como los anteriores “ponen en evidencia la necesidad de fortalecer la investigación criminal a fin de lograr la eficacia en la recuperación de la seguridad que la sociedad justamente nos reclama”.

Por ello, esa dependencia dice asumir “su responsabilidad de fortalecer sus áreas de investigación e inteligencia y colaborar con las fiscalías para lograr investigaciones más sólidas, de tal forma que evitemos que los abogados aprovechen las rendijas en la ley y continúe existiendo una auténtica ‘puerta giratoria’, que hace posible que estos posibles delincuentes sean capturados y posteriormente liberados de forma casi inmediata, tal y como se ha visto en días recientes”.

La Secretaría también destaca que hasta ahora se ha “dependido en demasía de las detenciones en flagrancia para lograr la judicialización de casos criminales, incluso en aquellos sobre los que se cuenta con información de inteligencia o de otras áreas de investigación”. Debido a ello, esa información se debe convertir en elementos judicializables para que sea posible tanto que las fiscalías puedan solicitar órdenes de aprehensión como justificar la vinculación a proceso, solicitar medidas cautelares y obtener sentencias condenatorias.

Desde marzo de 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho, después de la liberación del Alexis, que interpondría una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra jueces que ordenaran la liberación de miembros del crimen organizado.

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