El Consejo General del Instituto Federal Electoral (INE) decidió ordenar a todos los funcionarios, entre los que se incluye al Presidente de la República, a abstenerse de opinar sobre el proceso electoral en marcha.
Durante la sesión del órgano realizada este viernes, por nueve votos a favor y dos en contra, el Instituto ordenó a los funcionarios, lo que incluye al Presidente de la República, a que se abstengan de pronunciarse en materia electoral para no romper los principios de imparcialidad y neutralidad en las elecciones.
De esa forma los servidores públicos de cualquier nivel de gobierno no podrán referirse a financiamiento, candidatos, partidos, frentes, coaliciones, fusiones, alianzas, plataformas, campañas, encuestas, preferencias ni etapas del proceso electoral.
Para el consejero presidente, Lorenzo Córdova, es la Constitución la que prohíbe a los funcionarios los dichos sobre cualquiera de los contendientes en la elección para incidir en el voto. Aclaró los términos del debate al decir que el asunto es si el presidente puede o no intervenir con sus comentarios a favor o en contra de algunos de los contendientes para incidir en el voto.
Durante el debate el consejero Ciro Murayama dijo que el INE sólo estaba cumpliendo con la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que se había llegado a esta discusión por las reiteradas expresiones de López Obrador cobre el proceso electoral.
Citó un ejemplo de cómo López Obrador, durante su conferencia de prensa del 29 de diciembre, mostró el ejercicio de la neutralidad electoral: cuando fue cuestionado sobre la alianza entre Morena y el Partido Verde Ecologista de México, el presidente respondió: “No me quiero meter en eso. No me corresponde”.
Sobre ello Murayama dijo que esa “acertada respuesta” del presidente “que sea para todos, sin distingos”.
El consejero Jaime Rivera Velázquez consideró que se trata de aplicar la Constitución en sus términos vigentes y no de censura ni de decisiones discrecionales del INE, mientras que Adriana Favela afirmó que el presidente cuenta con el derecho de informar pero también varios deberes: actuar con neutralidad, velar por la equidad y proceder con imparcialidad, al igual que todos los servidores públicos del país.
Carla Humphrey mencionó que las medidas inhibitorias deben ser extensivas a las entidades federativas, y Martín Faz Mora dijo que las afectaciones al principio de equidad debe ser evitada porque de otra forma se puede menoscabar el sistema democrático mexicano.
El consejero Roberto Ruiz Saldaña, quien votó en contra se manifestó contra del proyecto aprobado porque consideró que fija parámetros desproporcionados y resta atribuciones al Consejo General del INE. La otra consejera que votó en contra, Norma de la Cruz, no intervino en el debate.
Por los partidos, los representantes de Morena denunciaron censura previa contra el presidente, y dijeron que los consejeros no tienen facultades para fijar los términos en que puede o no hablar una persona. Incluso antes del debate pretendieron sacar de él a Córdova y a Murayama porque consideraron que prejuzgaron y revelaron información confidencial del dictamen en algunos medios. Por unanimidad los consejeros rechazaron la propuesta.
Por parte del PRD su representante, Ángel Ávila, dijo que lo que piden es piso parejo e incluso acusó que en las conferencias de prensa se paga a reporteros para que hagan preguntas sobre temas sobre los que el presidente quiere pronunciarse.
