El INE acata decisiones de tribunales; Córdova advierte que sigue la criminalización de consejeros

El Instituto Nacional Electoral (INE) acatará las resoluciones emitidas en días pasados tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para continuar con el proceso de revocación de mandato. Su consejero presidente indicó que las carpetas de investigación contra funcionarios continúan.

En su sesión extraordinaria de este jueves, el Consejo General del INE acordó de manera unánime acatar las resoluciones de los tribunales, por lo que continuarán los trabajos relacionados con la revocación de mandato, por lo que realizarán las adecuaciones presupuestarias y, en caso de que sean insuficientes, solicitar los recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Ante las intervenciones de los representantes de Morena (sobre quienes el consejero José Roberto Ruiz Saldaña dijo que sostienen una narrativa de que el INE cuenta con los recursos para hacer la revocación de mandato), Lorenzo Córdova señaló que el instituto siempre ha acatado las resoluciones judiciales integralmente, “toda la sentencia, no nada más leyendo la parte que nos conviene”.

“Aquí hemos insistido mucho en leer toda la sentencia, no nada más la parte que algunos pretenden leer. El INE va a ir para adelante para cumplir con lo que establece la Constitución y con lo que le mandatan las sentencias de los distintos órganos a los que estamos obligados a acatar”, dijo Córdova.

El consejero presidente consideró que la sentencio del TEPJF pide al instituto hacer adecuaciones presupuestales, pero sin poner en riesgo sus atribuciones constitucionales ni sus obligaciones legales, como tampoco las estatutarias en materia laboral. Anunció que no se podrán afectar procesos del instituto como la expedición y entrega de credenciales de elector y la fiscalización, ni tampoco se afectarán derechos laborales.

También consideró positivo que el asunto presupuestal se haya judicializado, ya que ahora el TEPJF les ha marcado la ruta a seguir: hacer adecuaciones presupuestales y que la SHCP proporcione los recursos necesarios para realizar la revocación de mandato, ya que “a lo imposible nadie está obligado”.

Asimismo, agradeció las muestras de respaldo, de condena de los usos autoritarios del derecho, de la criminalización de la diferencia, de un uso antidemocrático del derecho penal, por lo que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, tuvo que dar marcha atrás. Pero Córdova recordó que eso no basta porque “los delitos contra los servidores públicos se persiguen de oficio, y hoy hay carpetas abiertas y se están haciendo indagatorias. Entonces ojalá esta congruencia con el Estado de derecho también abarque a las autoridades ministeriales y esto, que fue un despropósito, rápidamente se conduzca nuevamente al orden y vigencia del Estado constitucional de derecho porque hoy todavía hay carpetas que criminalizan las diferencias y el ejercicio de las funciones de algunos servidores públicos”.

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