La eventual desaparición del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) produciría una afectación directa a este sector social, que históricamente ha sido objeto de exclusión, discriminación y estigmatización, advirtió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En un comunicado, el organismo recordó que al haber ratificado la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, el gobierno mexicano adquirió el compromiso de proteger e impulsar el ejercicio de los derechos plenos de las personas con discapacidad para que se inserten en la sociedad.
Recomendó que más que desaparecer el CONADIS, se apueste a su fortalecimiento un mecanismo facilitador para la adopción de las medidas establecidas en la Convención, así como para la planeación de políticas públicas dirigidas a este sector, con un enfoque de desarrollo sostenible y derechos humanos.
La CNDH anotó que el Artículo 33 de la Convención, se estipula expresamente que los gobiernos suscribientes deben designar uno o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la aplicación de sus disposiciones, por lo que desaparecerlo, el Estado mexicano estaría incumpliendo compromisos firmados para la atención de las personas con discapacidad.
“Este Organismo Nacional considera que en caso de desaparecer el CONADIS se estarían incumpliendo las obligaciones internacionales contraídas, y si otra instancia la sustituyera, tendría que asumir las mismas funciones de mecanismo de coordinación y comunicar el cambio de manera oficial al Secretariado del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, se lee en el boletín.
La CNDH hizo mención del pronunciamiento público expresado el pasado 20 de febrero anterior por el CONADIS, el cual manifestó su preocupación ante posibles recortes a su presupuesto e incluso su desaparición, y llamó a que en caso de encontrarse presuntos casos de corrupción, se apliquen las medidas necesarias para su investigación y sanción, pero no desaparecer toda un órgano articulador de política pública.
Estas inquietudes, precisó la CNDH, se han plasmado en un oficio dirigido al Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, con copia a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
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