“Inconstitucional”: juristas critican a la SCJN por decisión sobre consulta

Victoria Valtierra/Cuartoscuro

Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es constitucional una consulta popular sobre el esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en años pasados por actores políticos (según la pregunta que los ministros redactaron), un buen número de abogados del país manifestaron su opinión contraria a tal decisión.

Uno de los primeros en comentar la decisión de la SCJN fue José Ramón Cossío Díaz, ministro en retiro de la SCJN, quien tuiteó que le habían preguntado sobre su opinión al respecto y que estaba a favor del proyecto que proponía la inconstitucionalidad de la pregunta, que fue el del ministro Luis María Aguilar.

Cossío Díaz recordó que también publicó en El País a finales de agosto un artículo de opinión al respecto, en el que había comentado que la intencionalidad de la consulta “tiene un carácter exclusivamente político y netamente populista, así como también graves problemas constitucionales”.

Diego Valadés, quien también fue ministro de la SCJN e investigador emérito de la UNAM, tuiteó sobre la sesión de ayer: “Ahora no todos los presuntos inocentes son iguales. En unos casos hay que preguntárselo al pueblo, en otros no es necesario. No encuentro la base constitucional del criterio que convierte a un instrumento político en requisito de procedencia para la acción penal”.

Por su parte, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte, dijo en entrevista en Radio Fórmula que el proyecto del ministro Aguilar era muy sólido y consistente y apegado a la Constitución, además de que la consulta y la materia le parecen incompatibles con ella. Se dijo sorprendido por el posicionamiento del ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, de quien no encontró “el núcleo jurídico de su argumentación”.

Además Salazar Ugarte se dijo desconcertado porque otros ministros consideraron que la materia de la consulta era otra distinta de la que el presidente había identificado: “Cada quien identificó cuál era la materia de la consulta: para uno política criminal, para otro responsabilidad de los servidores públicos, para otros acceso a la verdad, y cada quien votó por la constitucionalidad en materias distintas”. E incluso dijo que pareciera que los ministros primero tomaron la decisión y luego la argumentaron.

Sobre las intervenciones contra la constitucionalidad de la consulta, Salazar Ugarte destacó las intervenciones del ministro Javier Laynez, quien, con consistencia, confrontó a sus compañeros desmontando lo que habían dicho, y de la ministra Norma Piña, por la vinculación de sus argumentos jurídicos con la identificación del rol de ella como jueza constitucional.

Acerca de la discusión y decisión de la SCJN, Salazar Ugarte dijo que “quienes ganaron en votos perdieron en argumentos, y eso no es una buena noticia para una Corte constitucional”. Añadió que los ministros no están para hacer cálculos políticos ni para ser otro jugador en el tablero político del país, sino para hacer valer la Constitución.

El especialista finalizó al pedir que se debe esperar que la Corte resuelva los asuntos conforme a la Constitución y no conforme a una concepción política de la agenda nacional.

Por su parte, Ana Laura Magaloni, profesora e investigadora del CIDE, dijo que las intervenciones de los ministros a favor de la constitucionalidad de la consulta “son razones muy dispersas, poco persuasivas, poco articuladas”, y que lo que se ve es una Corte dividida, politizada, de 11 individuos y no como una institución.

Añadió que quienes consideraron inconstitucional la consulta fueron más potentes en términos argumentativos que los que estuvieron a favor, cuyos argumentos calificó como más políticos que jurídicos.

SCJN

CORTE-SANA

El jurista Miguel Carbonell siguió la sesión del Pleno de la SCJN, y consideró que en el debate “las mejores aportaciones fueron las del Ministro Javier Laynez y las de la Ministra Norma Piña. Lo dejaron muy claro y suscribo sus puntos de vista”. Como se sabe, ellos estuvieron en contra de la constitucionalidad de la consulta.

Además, Carbonell recordó un punto básico: “La competencia de cualquier fiscalía para investigar a cualquier exservidor público está del todo vigente. Llevo semanas diciendo que se debe investigar YA a los expresidentes, aportar pruebas e iniciar los procesos correspondientes, observando el debido proceso. Nada lo impide”.

Ignacio Morales Lechuga, quien fue titular de la Procuraduría General de la República y exdirector de la Escuela Libre de Derecho, fue muy crítico con la SCJN. En un primer tuit le pareció increíble el apoyo de Zaldívar a la consulta presidencial, y después, tras la votación, escribió: “Los ministros que declararon constitucional la consulta entregan el país a una sola persona. Terrible!!!”. Y advirtió sobre el peligro de que la SCJN termine ”en CORTE-SANA”.

Asimismo, después de que se diera a conocer ayer el pronunciamiento de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados sobre la determinación de la SCJN y que circuló ampliamente, para ratificarlo hoy publicó en sus redes sociales un video en el que su presidente, Héctor Herrera Ordóñez, ratificó su posición jurídica al respecto, que quedó muy clara en las intervenciones de los ministros que se pronunciaron a favor de la inconstitucionalidad: “La justicia no se vota; no se requiere de una consulta para aplicar la ley ni para investigar a persona alguna que se presuma responsable conforme a nuestro marco jurídico”.

Por su parte, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México también hizo público un pronunciamiento en el que expresó que “la Constitución contempla como derecho de cualquier ciudadano denunciar a funcionarios públicos y particulares que incurran en responsabilidades frente al Estado así como aportar las pruebas que respalden su dicho. No es un derecho que sea consultable, sino que se trata de un derecho constitucional a favor de toda la ciudadanía. En este sentido, la pretendida consulta popular tal como fue planteada y como finalmente fue aprobada restringe los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en particular las garantías para su protección, en este caso, la garantía contenida en el artículo 109 constitucional”.

Asimismo, exhortó a la SCJN a evitar que se considere cualquier elemento o fuerza externa “que vaya más allá del derecho y de los hechos a resolver”.

Presidencia

ADIÓS AL CONTRAPESO  

En Reforma fue publicado un análisis de Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y Javier Martín Reyes, del Departamento de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, quienes consideraron que “no tenemos un tribunal constitucional, sino una oficialía que valida los anhelos de un presidente tan poderoso como caprichoso”.

Los expertos consideraron que la actuación del ministro Zaldívar “fue bochornosa” ya que “estructuró la discusión a conveniencia, fue el primero en hablar después del ponente (algo atípico para un presidente), manipuló la votación y generó un falso consenso sobre una nueva pregunta que apareció por generación espontánea”.

Sobre quienes apoyaron a Zaldívar, dijeron que “cada uno creó su fantasía constitucional” y no generaron un consenso sobre la materia de la consulta. Señalaron que, pese a esto, los ministros redactaron la nueva pregunta de forma poco transparente.

Los autores concluyeron: “La Corte renunció así a su función de contrapeso, y de paso se convirtió en el nuevo tribunal de las tres mentiras. Hoy podemos decir que no es ni Corte, ni Suprema, ni de Justicia. Tenemos, en cambio, una Oficialía de Gestiones Presidenciales”.

Martín Vivanco Lira, con estudios de doctorado en Derecho en la Universidad de Chile y maestro en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, publicó en Nexos un análisis de la resolución de la SCJN, en el que afirmó que los ministros hicieron “astrología jurídica” y dijo no exagerar al afirmar que “se abre una grieta en la Corte. La discusión que acaba de concluir mostró a un tribunal constitucional dividido en algo básico: su función, su papel en una democracia constitucional”.

Vivanco Lira encontró y definió dos bandos en la SCJN: el que alegó la constitucionalidad, que “yace en una interpretación de la función de la Corte ante el proceso de consulta popular. Según este grupo, ante la consulta, su papel es de corte político y no jurisdiccional”, mientras que el otro “que votó por la inconstitucionalidad de la petición de la consulta, no se ubicó en el terreno político sino en el constitucional”.

El autor concluyó sobre la decisión de la SCJN: “Lo que presenciamos hoy fue como la Corte se autoadscribió facultades que la Constitución no le da. Tal vez por ser deferente a la voluntad popular, acaso por ser deferente con el presidente López Obrador. Sin embargo, lo cierto es que tenemos al guardián de la Constitución actuando de forma inconstitucional. Lo cual, sobra decir, no es grave, es gravísimo. Sin exagerar: quizá con esta decisión hemos perdido el último contrapeso de nuestro sistema constitucional”.

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