En total impunidad 9 de cada 10 agresiones contra periodistas y activistas sociales, reconoce Segob

Foto: Carlos Jasso

No es de extrañarse que a nivel mundial México sea considerado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y el activismo social, y es que la propia Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció que 9 de cada 10 agresiones contra comunicadores y defensores de derechos humanos en territorio nacional quedan en total impunidad.

El subsecretario de Derechos Humanos de la dependencia a cargo de la política interna, Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció que a pesar de que desde hace 10 años México cuenta con una Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la incidencia de amenazas, ataques y asesinatos contra representantes de los medios de comunicación y  luchadores sociales no sólo van en aumento, sino que se quedan archivadas, sin indagatorias, sin pesquisas, sin encontrar a los responsables y sin sentenciarlos. Es decir, sin justicia.

El funcionario federal admitió que el clima de hostilidad y violencia contra esos sectores prevalece en el país, con total impunidad “en más del 90 por ciento de los casos” por lo que urgió: “Es momento de hacer un alto en el camino y una profunda reflexión para encarar un fenómeno delictivo que lamentablemente, a pesar de las acciones que el Estado mexicano ha emprendido a lo largo de estos 10 años, no ha logrado revertirse”.

Encinas Rodríguez lamentó que esto esté sucediendo de manera sistemática a lo largo y ancho del país. “Tenemos que decirlo siempre con toda claridad para encarar los problemas. Los problemas de violencia y agresiones a periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos prevalecen”, agregó.

Ante esta situación, el subsecretario adelantó que desde el gobierno federal se impulsará “una nueva ley” que genere un “Sistema Nacional de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” y que defina con claridad el régimen de competencias, concurrencias y responsabilidades de los distintos órdenes de gobierno.

Alejandro Encinas culpó a las autoridades locales (como ha sido costumbre entre funcionarios federales de la 4T) de haberse desentendido de este problema.

“Actualmente el sistema federal que tenemos no solamente ha permitido que las autoridades locales se desentiendan de su responsabilidades, sino que muchas de las resoluciones del actual mecanismo y de la ley, que solamente son atendibles por parte de la autoridad federal, la autoridad local se desentiende de ellas. Y queremos no solamente que tengan competencias, sino que en aquellos casos en que incurra responsabilidad cualquier autoridad, el sistema nacional tenga las funciones, las facultades y las competencias para deslindar la responsable de iniciar acciones penales contra quienes violen la ley”, enfatizó.

Sin dar detalles sobre la propuesta de “nueva ley” que el gobierno federal enviaría al Poder Legislativo, el subsecretario de Gobernación insistió también repartió culpas con el Congreso de la Unión pues dijo que “estamos enfrentando limitaciones de la actual ley, y no solamente es un asunto de presupuesto, porque en la medida que no tengamos las capacidades institucionales, la fortaleza institucional para implementar los mecanismos que se requieren para garantizar el ejercicio de estos derechos, no habrá recurso que alcance”.

Como parte de la perorata oficial, se pronunció por dejar atrás la política reactiva para avanzar en la prevención y en el combate a las causas que originan los niveles de violencia y agresión contra quienes defienden el derecho a la libertad de expresión y los derechos humanos en el país. Sin embargo, no planteó una propuesta de solución real ante las agresiones contra periodistas y activistas.

Eso sí, Encinas propuso una “discusión pública, abierta y amplia sobre lo que debe incluir la nueva ley, para presentar una propuesta al Congreso de la Unión en el periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre de este año”.

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