El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Manuel Vivanco, consideró que si el Fiscal General de la República en México tiene pruebas en contra de los expresidentes, es su obligación llevar a cabo las investigaciones correspondientes.
En un mensaje a través de su cuenta de Twitter, consideró que esperar los resultados de una consulta popular es hacer de la aplicación y procuración de justicia un “circo político”.
El Fiscal General mexicano puede iniciar una investigación sobre los expresidentes en cualquier momento. No requiere una consulta popular.
Si tiene pruebas contra ellos, es su deber investigarlos. Esperar los resultados de una consulta es hacer de la justicia un circo político. pic.twitter.com/DDsFrV3M9O
— José Miguel Vivanco (@VivancoJM) July 19, 2021
El Instituto Nacional Electoral (INE), que tendrá a su cargo la organización de la consulta, dejó en claro que ésta no servirá para enjuiciar a los expresidentes, toda vez que sus nombres no aparecen en la pregunta que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para este ejercicio ciudadano; por ello, hizo un llamado a los actores políticos a no difundir información que confunda a la ciudadanía.
“Lo que el INE va a consultar, porque es lo que nos ordenó la Suprema Corte de Justicia, es que se inicie un proceso de esclarecimiento, o no, de decisiones políticas del pasado a cargo de actores políticos, con apego al marco constitucional y legal para que se haga justicia”, señaló el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.
Por otra parte, diversas organizaciones sociales defensoras de derechos humanos suscribieron un comunicado conjunto en donde proponen que el resultado de este ejercicio se encamine a la creación de comisiones de la verdad para el pleno esclarecimiento de hechos, causas y consecuencias de las violaciones a las garantías individuales cometidas por los diferentes gobiernos y garantice a las víctimas el acceso a la justicia.
“La pregunta aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) apunta a la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer hechos, causas y consecuencias graves de las graves violaciones de derechos humanos de todas las posibles víctimas, como una vía para garantizar sus derechos, la construcción de paz y de memoria colectiva”, se indica en el documento.
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