Con más de 94 mil personas desaparecidas, el Estado mexicano reconoció la crisis humanitaria por esa situación, dijo Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), al recibir al Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas.
Durante una reunión de bienvenida que dio a los miembros del Comité, delegación encabezada por Carmen Rosa Villa Quintana, Encinas Rodríguez afirmó que el actual gobierno de la República se abrió plenamente al escrutinio y a la fiscalización internacional, además de que reconoció la crisis humanitaria y de derechos humanos en que se encontraba el país, “en particular por la desaparición de personas que hoy registra más de 94 mil personas desaparecidas y no localizadas”, aunque aclaró que “es la herencia más dolorosa que está enfrentando el gobierno de México y donde tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos como prioridad del Estado mexicano para sumar todos los esfuerzos de las instituciones públicas en los distintos órdenes de gobierno y en todos los poderes de la Unión para superar esta lamentable situación”.
El funcionario agregó que la desaparición forzada en el país tiene elementos históricos y sociales, los que vinculó a etapas en las que la disputa política fue asociada con la violencia de Estado y la lucha armada: primero, durante la guerra sucia, y después en la que denominó “mal llamada guerra contra el narcotráfico que inició en 2006”, durante la que se inició la desaparición entre particulares, que se vinculó con la corrupción de las policías ligadas con el crimen organizado.
Sobre esas dos etapas dijo que se mantiene abierta “una herida que el gobierno de México ha asumido y que tiene como punto central la búsqueda e identificación de personas desaparecidas a fin de garantizar verdad y justicia, y el derecho al retorno digno a los familiares, y a la construcción de una memoria social que permita la dignificación de las víctimas”.
Encinas Rodríguez explicó que el actual gobierno encontró problemas como la ausencia de mecanismos de búsqueda, un deficiente registro de personas desaparecidas y la ausencia de coordinación institucional para atender el problema, además de que la búsqueda de personas se dejó a los familiares de las propias víctimas.
El subsecretario desgranó las medidas con las que se está enfrentando el asunto de las personas desaparecidas: una comisión para la verdad en el caso de los normalistas de Ayotzinapa, además de asumir la responsabilidad del Estado en la desaparición de personas en Nuevo Laredo por la Marina Armada de México.
Resaltó la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, No Localizadas y Localizadas, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y le Comisión para la Verdad y la Justicia por Violaciones Graves a Derechos Humanos durante la Guerra Sucia, además de los protocolos homologado de búsqueda y uno adicional para casos de niños y adolescentes.
También mencionó que se han destinado subsidios por más de mil 200 millones de pesos a las comisiones locales, centros regionales de identificación, panteones forenses, centros de resguardo y laboratorios forenses móviles. En cuanto a la localización de personas desaparecidas, Encinas Rodríguez dijo que las autoridades han realizado, al lado de familiares, 2 mil 300 jornadas de búsqueda de personas desaparecidas.
