jueves 28 marzo 2024

Gobierno federal otorgó más de siete mmdp a empresas fantasma; ya se investigaba, dice SFP

por etcétera

Al menos 11 dependencia del gobierno federal otorgaron siete mil 670 millones de pesos a 128 empresas fantasma a través de ocho universidades públicas, de acuerdo con una investigación de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Según el reportaje titulado “La Estafa Maestra”, en la cuentas públicas de 2013 y 2014 aparecen 73 convenios que fueron firmados por 186 compañías, de las cuales, 128 presentan varias irregularidades (algunas señaladas por el SAT): su domicilio es falso, los socios fueron engañados para firmar como accionistas o la empresa no se dedica a lo que debería.

Las dependencias involucradas son la Secretaría de Desarrollo Social, al frente de Rosario Robles; Banobras, con el hoy gobernador electo del Estado de México, Alfredo del Mazo, y Petróleos Mexicanos, desde 2011 con Juan José Suárez hasta la gestión de Emilio Lozoya.

Además, también aparecen la Secretaría de Educación Pública (SEP), durante el tiempo de Emilio Chuayffet; FOVISSSTE, con José Reyes Baeza Terrazas; el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, con Alfredo Llorente Martínez; la Secretaría de Agricultura, con Enrique Martínez y Martínez; el Registro Agrario Nacional, con Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con Gerardo Ruiz Esparza y la Secretaría de Economía.

Gobierno federal otorgó más de siete mmdp a empresas fantasma

FOTO: ANIMAL POLÍTICO

Dichas dependencias otorgaron casi ocho mil millones de pesos a las siguientes universidades públicas, quienes se encargarían de contratar a las empresas fantasma: Universidad Autónoma del Estado de México; el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica; la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; la Universidad Autónoma del Carmen (Campeche), y la Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma, Politécnica del Golfo de México, Instituto Superior de Comalcalco y Tecnológica, todas de Tabasco.

Las instituciones públicas recibieron una comisión de mil millones de pesos (10 o 15% del convenio firmado) tan sólo por otorgar los contratos, pese a que la ley les impide hacer esta acción sino se encargan del 51% del contrato.

Por ejemplo, la SCT contrató en 2013, a través del Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la UAEM, a la empresa Publicidad y Mercadotecnia Infnitum S.A. De C.V., por cuatro mil millones 934 pesos.

FOTO: ANIMAL POLÍTICO

El contrato fue para dar “servicios administrativos para desarrollo del sistema informático” pero no se puede acreditar que se cumplió con lo pactado. Incluso, en julio de 2014 el SAT la catalogó como empresa fantasma por realizar operaciones fraudulentas.

Otro ejemplo es el de la empresa Dumago System Solutions S.A. De C.V., la cual, a pesar de no estar registrada en la Secretaría de Economía, recibió un contrato de la Autónoma de Morelos por 33 millones 633 mil pesos por “comercio al por menor de computadoras y sus accesorios”.

El reportaje refiere que ni las dependencias del gobierno federal ni las universidades aclararon quién fue el encargado de asignar los recursos, aunque fuentes consultadas afirman que las empresas fueron seleccionadas por las escuelas por sugerencia de las instituciones.

Sin embargo, el auditor superior, Juan Manuel Portal, consideró que la responsabilidad es de las dependencias firmantes, pues representantes de la Secretaría suscribieron los convenios.

Al respecto, la Secretaría de la Función Pública (SFP) comentó que los contratos ya habían sido señalados por la ASF y que incluso se presentaron denuncias penales que siguen en curso.

La Secretaría aseguró que cada una de las dependencias mencionadas ha ido desahogando las observaciones de la ASF y que se investiga la actuación de por lo menos 40 funcionarios federales (no precisó de qué secretarias o quiénes).

mahy

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