Funcionarios del gobierno de Puebla que encabeza Miguel Barbosa Huerta, han entablado siete demandas en contra del sitio digital e-consulta y su director, Rodolfo Ruiz Rodríguez, en las que las que exigen compensaciones económicas por un presunto “daño moral” generado por informaciones publicadas en dicho medio de comunicación, advirtió la organización Artículo 19.
En un comunicado, la agrupación defensora de periodistas expuso que los servidores públicos que han presentado recursos legales en contra de e-consulta, han utilizado la misma argumentación y equipo de abogados para dar curso a sus demandas y buscar indemnizaciones que en conjunto suman 37 millones de pesos. De igual manera, en todos los casos se le exige al medio la destrucción de los archivos electrónicos de las columnas y contenidos que, según ellos, los agravian.
“En este contexto, es importante recordar que dicho medio y su director continúan siendo víctimas de diversas agresiones, las cuales han ido desde bloqueos informativos, descalificaciones, hasta agresiones digitales, amenazas de acciones legales y este tipo de demandas. Al respecto, reiteramos que nadie debe estar expuesto a procesos judiciales por daños a la reputación por haber expresado una opinión y menos cuando se trata de una opinión sobre la actividad y gestión de funcionarios públicos o personas que por multo propio se exponen al escrutinio público”, se lee en el boletín.
Artículo 19 recordó que es común que los gobernantes o personas que detentan algún tipo de poder, recurran a este tipo de este tipo de recursos para tratar de intimidar a los medios de comunicación que han manifestado una postura crítica hacia su desempeño. Por lo tanto, se consideran como una agresión a la libertad de expresión y una forma de acoso judicial. Advirtió que otro objetivo de estas estrategias es ahogar financieramente a los medios demandados.
“Es preocupante para ARTICLE 19 la frecuencia de las demandas por los supuestos daños morales cometidos principalmente a funcionarios o ex funcionarios públicos en los que los demandados, en la mayoría de las ocasiones, son las y los periodistas que documentan y exhiben hechos de interés público. La exigencia constante de indemnizaciones millonarias, no tienen otro fin que crear la asfixia financiera del demandado, obligándolo a cubrir un monto que crearía un efecto inhibidor para él y otros colegas llevándolos irremediablemente a la autocensura”, sostuvo.
La organización recordó que organismos como la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han advertido que la falta de una regulación efectiva sobre el uso de este tipo de demandas, genera un efecto negativo en los periodistas expuestos a esa amenaza. Por ello, exhortaron a los poderes legislativo y judicial a adoptar nuevos criterios que permitan inhibir este tipo de prácticas.
Artículo 19 exhortó al gobernador Miguel Barbosa, al Congreso y Poder Judicial de Puebla, a dar las garantías para el libre ejercicio del periodismo, sin ningún tipo de coacción. De igual manera, pidió una revisión de las demandas interpuestas por supuesto daño moral en contra de e-consulta, a fin de que sean resueltos conforme a la Constitución y preservando la libertad de expresión.
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