El gobierno de Andrés Manuel López Obrador celebró entre 2019 y 2020 contratos por 324 millones 371 mil pesos con una red de empresas de Uri Emmanuel Ansbacher, el empresario israelí que vendió el software espía Pegasus al gobierno de Enrique Peña Nieto, pero no solo eso, sino que participó en una operación sospechosa, que incluye desvíos de recursos por 230 millones 578 mil pesos a un total de 26 empresas fantasma.
Aun cuando la red de empresas estaba bajo investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), los contratos fueron otorgados sin licitación por parte del Instituto Nacional de Migración (INM).
En un informe dado a conocer en octubre por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se revela que en al menos dos contratos otorgados el INM se encontraron diferentes irregularidades como la dispersión de recursos por 200 millones de pesos en 26 empresas catalogadas como fantasma, toda vez que no contaban con plantilla laboral ni movimientos financieros relacionados con sueldos y salarios; asimismo 10 de ellas tampoco reportaron actividad alguna ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante 2020.
De acuerdo con un reportaje de Proceso, una revisión de las actas de dichas empresas ante el Registro de la Propiedad y el Comercio, arroja que sus socios son personas de muy bajo perfil y vecinos de barrios modestos; de igual manera, tras un recorrido del semanario por 17 de los domicilios fiscales reportados por dichas empresas, se pudo constatar que son oficinas virtuales, despachos de “coworking”, edificios abandonados o viviendas particulares, cuyos moradores aseguran desconocer a las empresas que supuestamente operan en esos lugares.
Apenas en junio pasado, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que entre 2012 y 2018, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), que controla las cárceles federales, otorgó siete contratos por mil 611 millones de pesos a la red de empresas de Ansbacher, en varios de los cuales se utilizó el esquema de las empresas fantasma para desviar recursos.
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