Un juez federal con sede en el Penal del Altiplano en Almoloya, Estado de México, giró una nueva orden de aprehensión en contra de Rosario Robles, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, los cuales contemplan la prisión preventiva oficiosa.
En el documento, al que tuvo acceso el sitio digital Eje Central, también se solicita una orden de captura en contra de Simón Pedro de León Mojarro, quien fungiera como Coordinador de Delegaciones de la otrora Secretaría de Desarrollo Social, a quien se le imputan los mismos ilícitos que a Robles Berlanga.
Fuentes consultadas por el periódico Reforma, revelaron que este nuevo expediente contra la exfuncionaria se fundamenta en una denuncia que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF) ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
En ella se responsabiliza a Robles de firmar convenios con empresas “fachada” o factureras que se prestaron a simular la subcontratación de servicios con universidades públicas que recibieron recursos de la Sedesol y la Sedatu, cuando ella estuvo al frente de dichas dependencias. Por esa vía, se concretó el desvío de 5 mil millones de pesos.
Los nuevos cargos y orden de captura contra Rosario Robles se producen a unos días de que se diera a conocer que Emilio Zebadúa, exoficial Mayor de la Sedesol y la Sedatu, solicitó a la FGR acogerse a la figura de testigo protegido para revelar información sobre la presunta participación de Robles, gobernadores e incluso del expresidente Enrique Peña Nieto en la llamada Estafa Maestra. Todo ello a cambio de inmunidad en los delitos que a él se le atribuyen.
Tras conocerse a través de los medios de comunicación de esta nueva orden aprehensión, Rosario Robles aseguró que ni ella ni su defensa han sido notificados al respecto. Consideró que los cargos que pretenden fincarle por delincuencia organizada, son una infamia para mantenerla presa por razones políticas.
En un hilo de mensajes de Twitter, el periodista Ciro Gómez Leyva dio a conocer la postura de la exfuncionaria, quien señaló que con lo anterior ha quedado en evidencia que el propósito de la presente administración es llevar hasta sus últimas consecuencias la venganza en su contra, incluso recurriendo a testimonios falsos como el de su excolaborador Emilio Zebadúa, a quien cuestionó por prestarse a un acto de cobardía y traición.
“Los dichos de Emilio Zebadúa, además de falsos, son un acto de cobardía y traición: nunca di instrucciones de desviar dinero; eso nunca lo van a poder probar”, concluyó Robles Berlanga.
Cabe recordar que el pasado 26 de octubre, Rosario Robles difundió una carta pública en la que acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de presionarla para obligarla a declarar en contra de exfuncionarios de la pasada administración de mayor jerarquía que ella; asimismo denunció que la Fiscalía ofreció inmunidad a varios de sus colaboradores, uno de ellos Emilio Zebadúa, a cambio de testimonios “a modo” y apartados de la legalidad.
Ese mismo día, se celebró una audiencia del juicio en su contra en donde se le negó la suspensión de la prisión preventiva oficiosa a la que se le sujetó desde agosto de 2019. El Juez de Control del Reclusorio Sur, Ganter Villar Ceballos, alegó que la defensa no presentó “argumentos novedosos” para sustentar su petición. No obstante, el impartidor de justicia accedió a aplazar la siguiente audiencia hasta el 8 de diciembre, a petición de la defensa, a fin de darle tiempo para presentar pruebas de descargo a favor de la imputada.
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