El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) también fue víctima del software de espionaje Pegasus, según un reportaje publicado este lunes por The New York Times.
Hace apenas tres semanas, el mismo rotativo denunció que al menos 13 periodistas y activistas de derechos humanos fueron atacados con esta misma tecnología, misma que sólo puede ser adquirida por gobiernos para combatir el terrorismo (la PGR la obtuvo durante la gestión de Jesús Murillo Karam).
Según una misiva del GIEI enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los integrantes de este grupo que investigaba la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa recibieron mensajes con el software referido durante marzo de 2016, es decir, un mes antes de que presentaran su informe final que rechazó la llamada “verdad histórica”.
Los mensajes, al igual que en el caso de los periodistas, estaban personalizados y hablaban sobre noticias relacionadas con ellos o con algún familiar o amigo cercano.
Al respecto, uno de los integrantes, el abogado chileno Francisco Cox, condenó la intervención hacia él y sus compañeros ya que si realizaron estas prácticas en su contra, sin autorización judicial y a sabiendas de que tenían inmunidad, pueden hacer más cosas con cualquier ciudadano.
“No estás interviniendo el teléfono de cualquiera, sino de alguien que tiene inmunidad. No podían ni siquiera revisar mis maletas en el aeropuerto. Si esto le puede suceder a un órgano independiente que tiene inmunidad y que fue invitado por el mismo gobierno, da miedo pensar qué le podría pasar a un ciudadano común en México”, declaró Cox, al diario estadounidense.
Por su parte, el comisiónado de la CIDH, James Cavallaro, consideró que hay elementos suficientes para crear una comisión internacional que investigue el espionaje a los integrantes del GIEI, pues no pueden confiar en el gobierno mexicano con los antecedentes que tiene en materia de derechos humanos.
“A primera vista, el caso -suponiendo la veracidad de estas afirmaciones- es suficientemente serio como para justificar la creación de una comisión internacional. La comisión comparte las preocupaciones de otros: ¿cómo se puede confiar en que el gobierno investigue su presunta violación de los derechos de sus ciudadanos dados los antecedentes que tiene en este caso?”, expresó.
Aunado a ello, advirtió que de comprobarse el espionaje por parte del gobierno federal se trataría de una “atrocidad de proporciones históricas”.
“El gobierno mexicano urgió a la comisión a que creara este grupo de expertos y cuando su investigación no ratificó la versión oficial, las cosas cambiaron. Si es cierto que el gobierno espió o intentó espiar a nuestros expertos, sería una atrocidad de proporciones históricas”, afirmó.
mahy
