El fracaso del apostolado de Alfonso Durazo en seguridad pública

Victoria Valtierra/Cuartoscuro

Con una carta autocelebratoria de su actuación como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño presentó su renuncia al cargo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque apenas dimitió, hace un par de días había evadido comparecer ante el Senado de la República para rendir cuentas de su gestión, que tuvo, dijo, “tintes de apostolado”. Ahora, pese al desastre que deja, va en pos de la gubernatura de Sonora.

Durazo Montaño afirmó en su carta que, gracias a los logros que se alcanzaron durante los casi dos años de su gestión, se están dejando atrás los días más negros de la inseguridad.

Sin embargo, los datos más recientes no le ayudan: en 29 días de este octubre se llevan 2 mil 289 homicidios dolosos, un promedio diario de 78.9, superior a los 76 registrados en octubre de 2019 y a los 77.1 de septiembre pasado, según datos del Gabinete de Seguridad.

Justo al respecto Durazo Montaño dijo en su carta que el homicidio doloso es una de las materias pendientes, que se debe a “esa herencia negra de sexenios de corrupción de políticos y funcionarios públicos que pusieron los cuerpos de seguridad al servicio de una u otra organización criminal”.

Añadió que “lo más importante: ha quedado en el pasado, el contubernio de autoridades federales de seguridad pública con la delincuencia”.

Sin embargo, son muy pocos los casos de funcionarios de seguridad que estén siendo investigados y procesados por las autoridades por lo que acusa Durazo Montaño (entre los muy escasos está el de Jesús Orta Martínez, quien fue el primer secretario de Seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, y es por desvío de recursos). Los dos casos más sonados, como son los de los exsecretarios de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional, Genaro García Luna y el general Salvador Cienfuegos Zepeda, respectivamente, son procesos llevados por las autoridades de Estados Unidos.

El aspirante a candidato a la gubernatura de Sonora afirmó que “anteriores gobiernos dejaron avanzar la violencia a niveles de emergencia nacional. Encontramos instituciones de seguridad insuficientes, corrompidas e impregnadas de vicios. La guerra contra el narco desembocó en cientos de miles de vidas perdidas y desaparecidos a causa de la violencia, por citar con cierta cortesía los saldos más relevantes”.

Sin embargo, la mejora ha sido muy marginal y se profundizó el esquema de la guerra contra el narco, como lo muestra la militarización de las tareas de la seguridad. Continúa la pérdida de miles de vidas (el propio Durazo Montaño reconoce en su misiva que los homicidios dolosos son materia pendiente) y los desaparecidos.

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En el primer año del gobierno, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se registraron 36 mil 476 homicidios dolosos, para un promedio diario de 99 y 29 asesinatos por cada 100 mil habitantes, que es la tasa más alta en la historia reciente del país. En Sonora, la entidad federativa que Durazo Montaño aspira a gobernar, hubo récord histórico de homicidios: mil 372, muy por encima de los 936 de 2018 y récord anterior.

Datos del Gabinete de Seguridad correspondientes al primer semestre de este año indican que el número de homicidios dolosos aumento en 2.9 por ciento respecto al mismo periodo de 2019. Entre enero y junio de 2020 ya se habían reportado 14 mil 641 asesinatos, y también el promedio diario de asesinatos aumentó: en 2019, 78.5, y 80.4 en 2020.

Pese a esos datos, Durazo Montaño expresó en su carta: “Incluso, durante 2019 se logró un punto de inflexión en el número de homicidios dolosos. Las recientes cifras publicadas por el Inegi corroboran que empieza a decrecer su estadística, así sea de manera ligera”.

Muy, pero muy ligera, y con una grave crisis sanitaria mundial de por medio, la que también ayuda a explicar cuando menos buena parte de otro logro presumido por Durazo Montaño: la disminución sensible en 13 de 17 rubros de incidencia criminal que afectan de forma directa a la  población, como el robo de vehículo y a casa habitación, el secuestro y el asalto a transeúntes, entre otros.

En feminicidios el panorama no es mejor: entre enero y septiembre de este año se habían cometido 2 mil 874, 0.3 por ciento superior a la cifra del mismo periodo del año pasado.

En materia de desaparecidos, según datos presentados por la Secretaría de Gobernación, desde el 1 de diciembre de 2018 y hasta julio de 2020 se había registrado que 27 mil 871 personas permanecían desaparecidas.

MILITARIZACIÓN Y DESAFÍO  

Durazo Montaño afirmó en su carta: “En estos casi dos años de gobierno, hemos cambiado las características del Estado en el ámbito de la seguridad”. Esto puede ser cierto en el sentido de que se profundizó enormemente en la militarización de los cuerpos de seguridad con resultados peor que inciertos, hasta el momento.

Como se recordará, al iniciar el actual gobierno se prometió integrar la Guardia Nacional con un mando civil. Sin embargo, sus integrantes y parte importante de sus mandos recayó en miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mientras que el supuesto mando civil (que era el propio Durazo Montaño) se diluyó rápidamente.

No sólo ello, sino que ahora algunas tareas de justicia estarán a cargo de militares: se acordó que la Guardia Nacional tendrá la función de autoridad de supervisión de medida cautelares y de suspensión general del proceso.

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En el aspecto de la militarización es donde más se ha notado el cambio de características del Estado en materia de seguridad, con resultados que están pendientes, en el mejor de los casos. Esa transformación significó una pérdida del poder civil, que era representado por Durazo Montaño, quien en su carta de renuncia no en vano reconoce “con personal mérito al general Luis Cresencio Sandoval y al almirante José Rafael Ojeda, dignos representantes de las armas de la República, cuya visión de Estado ha sido definitiva en la construcción de la Guardia Nacional”.

Es menester recordar que una de las promesas de campaña de López Obrador era la desmilitarización de las tareas de seguridad pública y regresar al Ejército a sus cuarteles. Durazo Montaño fue una pieza clave en sentido contrario.

El político sonorense reafirmó en la carta lo que ya había dicho a varios medios y que no quiso ya decirle a los senadores: “El crimen organizado ha sido privado de lo que hasta hace poco había considerado su territorio; hemos despojado a los grupos criminales de su capacidad para retar al Estado mexicano. Ello no significa que no enfrentemos problemas con las organizaciones criminales, significa tan solo que su capacidad es ahora insuficiente  para retar al Estado”.

Esto lo dijo a un año del llamado culiacanazo, cuando una peligrosa y poderosa banda delictiva, el Cártel de Sinaloa, se apropió prácticamente de Culiacán, la capital de Sinaloa, y obligó a que las autoridades federales liberaran a uno de sus líderes, Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera.

Fue el 17 de octubre de 2019 cuando fuerzas federales capturaron a Guzmán López, lo que generó una gran y efectiva movilización del grupo delictivo, que logró controlar Culiacán y doblegar al Estado mexicano en un desafío de dimensiones no vistas hasta entonces, pese a que el Cártel de Sinaloa y otras bandas se habían adueñado de zonas y perpetrado masacres.

De aquel hecho, entre confusiones y las mentiras, se han dado diversas versiones, varias de ellas difundidas por Durazo Montaño. La primera fue que, durante un patrullaje los cuerpos de seguridad fueron agredidos desde una casa, en donde estaba Guzmán López, hasta la de que se trató de un operativo.

También, mientras los hechos se desarrollaban en Culiacán, López Obrador se trasladaba en un vuelo comercial hacia Oaxaca, por lo que quedó incomunicado. Entonces se dijo que el Gabinete de Seguridad, encabezado por Durazo Montaño, liberó al líder del Cártel de Sinaloa, decisión que el presidente dijo que posteriormente respaldó. En 2020 López Obrador afirmó que él mismo tomó la decisión.

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No se sabe la verdad de la actuación del gobierno aquel día: la Sedena reservó la información durante cinco años. La dependencia alegó que “al difundirse la información solicitada, integrantes de la delincuencia organizada que operan en todo el país estarían en condiciones de estimar nuestros efectivos y capacidades para tratar de emular los actos suscitados en Culiacán, en las distintas entidades del país en las que tienen presencia, con la finalidad de obligar al Ejército mexicano a emplear y desgastar a los efectivos militares, provocando el descuido de las áreas prioritarias del país y el cumplimiento de las misiones generales del Ejército”.

Como despedida, en su carta de renuncia Durazo Montaño lanzó un “la historia me felicitará”, con una evocación religiosa no ajena al tono de quien será su jefe hasta este 31 de octubre: “La Historia, que es en su esencia insobornable, juzgará a su debido tiempo nuestro desempeño y habrá de ser sin duda generosa; no pasará en vano el cumplimiento de nuestra responsabilidad con tintes de apostolado”.

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