La FGR también contrata servicios de ciberespionaje; su uso puede ser ilegal

Cuartoscuro

En 2019 y 2020 la Fiscalía General de la República (FGR), mediante una partida secreta, ha adquirido equipo para realizar espionaje, por lo que puede incurrir en violación de los derechos humanos, según un reportaje publicado por El País.

En el reportaje “La Fiscalía de México ha contratado en los dos últimos años programas para el espionaje masivo de teléfonos móviles”, firmado por Zorayda Gallegos, se detalla que durante los dos años anteriores la FGR ha adquirido programas para geolocalización de celulares y análisis de datos masivos.

En el reportaje se especifica que en informes del Órgano Interno de Control de la FGR se da cuenta de cuando menos cuatro contratos por 5.6 millones de dólares para servicios de consulta y análisis de datos masivos, así como para la localización geográfica. Son herramientas de ciberespionaje, como se destaca en la descripción de ellas.

Según reporta El País, los contratos se han establecido con la empresa Neolinx, que ha sido intermediaria de la compañía italiana Hacking Team, que antes proveyó de equipo de espionaje al gobierno de Enrique Peña Nieto. Entre las dependencias de la FGR que han hecho las adquisiciones están la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y la Policía Federal Ministerial.

Si bien estas adquisiciones y el uso de productos y servicios son estrictamente ilegales, pueden servir para violar derechos. La FGR debe publicar en la Plataforma Nacional de Transparencia el listado de solicitudes que hacen a empresas para intervenir comunicaciones privadas y localización geográfica de equipos de comunicación.

Así, en 2019 la FGR informó que sólo solicitó autorización en 124 ocasiones, cuando el contrato implica 135 mil búsquedas, lo que implica, según un miembro de la organización R3D, una enorme subutilización o, más viable, su uso ilegal.

Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación señaló algunas irregularidades en las adquisiciones del equipo por la PGR: falta de investigación de mercado, falta de verificación de información del prestador del servicio, evidencia de la transmisión de conocimientos al personal ni que se garantizara la confidencialidad del servicio, entre otras.

Sobre el tema cabe añadir que la revelación de El País ocurre un día después de que el Senado, por los votos a favor de la mayoría de Morena y su coalición, aprobó cambios a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que los usuarios de teléfonos celulares deberán entregar sus datos biométricos para poder usar la línea. También es, supuestamente, para disminuir delitos como la extorsión y el secuestro. Sin embargo, la reforma ha sido denunciada como inconstitucional.

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto fue denunciada la utilización del malware Pegasus para espiar no sólo a presuntos miembros de la delincuencia organizada, sino también a periodistas y críticos de su gobierno, lo que provocó un escándalo.

Ya con la nueva FGR diversas organizaciones exigieron que continuaran las investigaciones sobre el uso de Pegasus, llamado que hizo el propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Hasta ahora no se sabe de los resultados de esa pesquisa del organismo a cargo de Alejandro Gertz Manero.

Las acusaciones de espionaje en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador han continuado: según organizaciones como Citizen Lab y R3D, así como WhatsApp denunciaron que en abril y mayo de 2019 se siguió utilizando el programa Pegasus.

En noviembre de ese año el presidente López Obrador negó la utilización de Pegasus durante su gobierno: “No estamos metidos en eso. Aquí se decidió que no se iba a perseguir a nadie”, afirmó.

Casi un mes antes, el periodistas Raymundo Riva Palacio había señalado en su columna que Pegasus sigue siendo utilizado por su gobierno, además de que el presidente ha ordenado a instituciones de seguridad que dejaran de investigar a delincuentes para dedicarse a disidentes políticos, como empresarios y los agricultores en conflicto por la presa La Boquilla.

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