Peritos de la Fiscalía General de la República advirtieron que los recursos empleados por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico no tuvieron origen externo, y no había elementos suficientes para sustentar la acusación y a pesar de ello, las altos mandos de la dependencia determinaron acusar a 31 científicos de delincuencia organizada y otros delitos.
Según un reporte divulgado este viernes por El Universal, personal especializado en contabilidad de la FGR “realizó un peritaje que determinó que los recursos sí provenían del Conacyt”, y no de otras fuentes.
En concreto, su origen estuvo en el Fondo Institucional del Consejo (FOINS) y del Programa Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación, lo que invalida una parte central del caso, que señala que el FCCyT empleó recursos de procedencia desconocida de manera ilegal.
Dice el reporte que el juez que se negó a girar, dos veces, las órdenes de aprehensión en contra de los 31 acusados, señaló a la FGR que la forma en que presentó las pruebas no demuestra los hechos que acusa, ni tampoco justifica correctamente la clase de delitos que se quieren imputar.
A pesar de la advertencia de los peritos, la FGR presentó la acusación y solicitó órdenes de aprehensión, mismas que, como se recordará, ya le han sido negadas en dos ocasiones.
Los peritajes de los que habla la nota fueron ordenados por la FGR a sus expertos, con la finalidad de “analizar el origen de los recursos” del Foro.
El diario presenta copia de un oficio girado por la agente del Ministerio Público Diana Ruiz Ballado el 2 de octubre de 2020, a la perito Maribel Anahí Soto Vega, para pedirle un dictamen sobre los recursos otorgados al Foro.
Señala el medio que este oficio “es parte del expediente contra los científicos”, y la respuesta correspondiente también.
En su respuesta, la perito Soto Vega dijo que los documentos provistos por el MP no eran suficientes para emitir el dictamen pericial solicitado y pidió más documentos.
Al respecto, otra perito, llamada Noemí Cornejo Gama, de la Coordinación de Servicios Periciales, informó que ya se había entregado parte de la información, aclarando que faltaban pruebas documentales por enviar.
Siguiendo el relato del diario, la agente Ruiz Ballado dijo a la perito Cornejo Gama que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores había autorizado a BBVA a entregar los estados de cuenta del Foro, de 2013 a 2018, para detectar “si se detectan depósitos provenientes de terceros”.
Es decir, para saber si además de los recursos provenientes de Conacyt había otros depósitos.
También buscaban si había compra de inmuebles, automóviles o emisión de cheques, así como movimientos hacia fondos de inversión u otros instrumentos financieros. Entre los hallazgos se encuentra la compra de la casa ubicada en Coyoacán, por 11 millones 43 mil 660 pesos.
Ya para marzo de este año, Cornejo entregó su dictamen, advirtiendo que había faltantes en la información y pidiendo a las autoridades competentes dentro de la FGR que solicitara más datos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respecto a cientos de operaciones bancarias realizadas entre 2013 y 2018.
Lo anterior significa, según El Universal, que los peritos de la FGR no pudieron documentar de manera sólida que los acusados hubieran hecho movimientos ilícitos o recibido financiamiento de fuentes no permitidas.
Y a pesar de lo endeble de la documentación acopiada, presentaron la acusación.
Algunos de los imputados han declarado que el FCCyT, en su calidad de A.C., realizaba labores de asesoría, por las que lograba “ingresos autogenerados”. Y que justamente uno de tales ingresos les permitió adquirir el inmueble mencionado.
El juez Gregorio Salazar, que negó las órdenes de aprehensión, fue severo al señalar que la FGR no pudo justificar las acusaciones ni sostener la necesidad de que los acusados fueran aprehendidos y encarcelados en prisiones de alta seguridad.
“La fiscalía se limita a establecer aspectos de carácter general que de ningún modo particularizan los aspectos específicos del porqué cada uno de los justiciables a los que pretende conducir a proceso a través del mandamiento de captura, tienen aparejada una condición específica que refleje la aludida razón de seguridad que alega en la solicitud. Menos aún se aprecia por qué la centra en el apartado específico de razones de seguridad en las prisiones, cuestión que no se advierte justificada a pesar de que atribuye el ilícito de delincuencia organizada”.
Agrega la sentencia que es “inadecuado que la fiscalía reproduzca datos de prueba que obran en su investigación en espera de que el órgano jurisdiccional se imponga de estos y resuelva, como si se tratara de nuevo de ‘un juez de instrucción’ que sustenta su solicitud, sino que debe formular una proposición que, conforme a los lineamientos fijados por el legislador, desde su perspectiva, justifique su necesidad y refiera los datos de prueba en los que sustentan cada una de estas manifestaciones, de manera que este órgano jurisdiccional pueda evaluarlas y emitir una resolución de manera informada y oportuna”.
Se recordará que, en términos generales, los acusados están señalados de haber establecido un esquema ilegal de triangulación de recursos que utilizó a Conacyt para asignar presupuesto al Foro y luego, por medio de éste, usar el dinero en viajes, comidas, vehículos, celulares y otros gastos suntuarios.
Sin embargo, al momento, no existe ninguna prueba conocida de eso, más que los propios señalamientos de la FGR y una serie de reportajes del periodista Ricardo Balderas, que afirma tener en su poder 700 documentos que demuestran la culpabilidad de los implicados y que, según dice, recibió por medio de la plataforma Mexico Leaks.
