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Foto: UNAM

La Facultad de Derecho de la UNAM se ha caracterizado en los últimos años como una institución que trabaja en sinergia para cumplir su objetivo primordial: ofrecer educación de calidad a sus estudiantes.

La labor hecha se ha traducido en que la Facultad se haya colocado en la posición 34 a nivel mundial, ocupando el primer lugar en Iberoamérica y considerada mejor que muchas de las universidades icónicas del mundo desarrollado, de acuerdo con el índice QS World University Ranking 2021.

Por su capacidad de gestión, permitir generar un sentido de pertenencia a la comunidad, además de sus propias credenciales académicas, el director de la Facultad, Raúl Contreras Bustamante, se ha posicionado en un referente internacional.

Así me lo comentó en días pasados un rector de una universidad argentina.

Y, por supuesto, coincido, tiene una forma de inclusión participativa que no se había visto.

Cuenta, además, con el reconocimiento de tirios y troyanos por su imparcialidad y honestidad en sus puntos de vista de interés general.

No obstante, la Facultad no es una isla en la UNAM y debe poner en práctica sus mejores artes de disuasión para evitar que pequeñísimas minorías pretendan imponer su visión del mundo a la inmensa mayoría que va a la Facultad a estudiar y ser mejor cada día.

Un problema transitorio con una pequeña parte de profesores de asignatura que no recibieron su sueldo en tiempo, ajeno a la Facultad de Derecho, fue el pretexto para “tomar” la Facultad cuatro días en agravio de la comunidad entera, que ya se resolvió afortunadamente.

A la luz de esa circunstancia, creo que deben existir dos perfiles de agresores, quienes saben perfectamente lo que hacen y se aprovechan de las características del sistema, pero también hay jóvenes que merecen un tratamiento diferenciado, porque se trata de personas con trastornos de la personalidad que buscan la autodestrucción-destrucción y deben ser atendidos de manera casuística para que encuentren ayuda psiquiátrica, combinando un tratamiento de psicofármacos y terapias cognitivas conductuales, de suerte que sus pensamientos destructivos y su percepción de la realidad fuera de los parámetros “normales” se ajuste.

Estos jóvenes no son delincuentes, sino enfermos a quienes hay que identificar y ayudar para que regresen a tener la posibilidad de ser felices y no sigan por una espiral negativa de autodestrucción-destrucción donde se afectan a ellos y afectan a sus semejantes.

La UNAM con sus grandes profesionales en Medicina, debe brindar o ampliar esa atención psiquiátrica que el COVID-19 ha hecho las veces de detonador de problemas de salud mental que no se habían externalizado de esta forma. Lo que no es posible es dejarlos a su propia suerte por ellos y por la propia comunidad.

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