Cuitláhuac Salinas Martínez, quien fuera titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en el sexenio de Felipe Calderón, declaró que al inicio de la actual administración fue objeto de una “persecución política y mediática” por parte de militares que estaban adscritos a la misma área.
Durante una comparecencia ante el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Toluca, Estado de México, dentro de la causa penal que se le sigue al presunto narcotraficante Gerardo Álvarez Vázquez, alias "El Indio," el exfuncionario dijo que dos testigos colaboradores que estaban bajo custodia del personal militar adscrito a la SEIDO, declararon falsamente en su contra.
Detalló que los testigos protegidos, identificados únicamente por los apelativos “Libre” y “X” lo acusaron ante un Ministerio Público Federal de que el crimen organizado supuestamente le entregó ocho millones de dólares por actuar en favor de diversos colaboradores de Joaquín “El Chapo” Guzmán entre los años 2011 y 2012, durante su gestión como subprocurador. También le atribuyen haber recibido cinco millones de dólares por brindar protección a los hermanos Cabrera Sarabia, considerados como operadores de Guzmán Loera en Chihuahua y Sonora.
Añadió que los testigos siempre estuvieron bajo resguardo del personal militar involucrado en las causas penales que la PGR inició contra el exsubsecretario de la Defensa, Tomás Ángeles Dauahare, liberado en abril de 2013, luego de que la PGR reconoció que los testigos colaboradores falsearon las declaraciones en su contra.
En la diligencia, que se realizó a través de videoconferencia en un juzgado federal del Reclusorio Sur, se mostró un video de una entrevista televisiva en la que Cuitláhuac Salinas señala al coronel Avigaí Vargas Tirado, excoordinador de investigaciones de la SEIDO, y al ex agente del Ministerio Público Federal, el mayor Gerardo Salazar Bolaños, como los responsables de armar el expediente contra el general Ángeles Dauahare, por lo que se deslindó de las irregularidades cometidas durante esa indagatoria.
Explicó que esos mismos militares tuvieron bajo su custodia a los testigos “Libre” y “X” por más de cuatro meses, así como a sus hijos, por lo que éstos accedieron a todas las peticiones que se les hacían para involucrar a servidores públicos con el crimen organizado.
(Con información de El Universal)
