La tarde de este martes el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) firmó con el Estado mexicano un acuerdo de 10 puntos sobre cómo se continuará la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Los puntos fueron referidos durante la comparecencia del gobierno federal ante la CIDH, en la cual además del caso Iguala, se trataron otros temas como el de Acteal, combate a la delincuencia organizada y respeto a derechos humanos.
En primer lugar, y como se reportó ayer, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) ya no investigará, sino que será responsabilidad de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR).
El segundo punto se refiere al nuevo peritaje de Cocula, en el cual ambas partes tendrán que establecer de común acuerdo los objetivos, los perfiles de los expertos que deben participar, el modo y las condiciones en las que se realizará el estudio.
Con relación al tercer punto, se acordó que el nuevo equipo de investigación será designado por el GIEI y la PGR. El cuarto acuerdo refiere que el informe de los expertos será incluido en el expediente, con todo y las recomendaciones emitidas.
El quinto y el sexto establecen que las autoridades mexicanas se comprometen a abrir nuevas líneas de investigación, nuevas diligencias y peritos, teniendo como prioridad el relanzamiento de la búsqueda de los estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos.
Respecto a los puntos siete, ocho y nueve, el GIEI y la CIDH acordaron que todas las acciones que se llevarán en conjunto se formalizarán con minutas por escrito. La primera de estas serán un documento de trabajo para reiniciar las averiguaciones y los pasos de cómo se deben atender a las víctimas.
Finalmente, el punto 10 obliga al Estado mexicano a no dar nuevas versiones oficiales sobre lo sucedido hasta que no concluyan los trabajos de investigación.
Cabe señalar que el GIEI no incluyó en los puntos anteriores una nueva entrevista con militares del 27 Batallón de Infantería. Esta situación fue criticada por algunos miembros del grupo, y en respuesta, el gobierno federal subrayó que se apegarán a los acuerdos firmados.
Por otra parte, Eber Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, dijo en entrevista con Omar Sánchez de Tagle en Radio Fórmula, que atendiendo a las recomendaciones de la CIDH se abrieron dos averiguaciones previas para investigar posibles actos de tortura realizados contra 54 de los 111 detenidos, por presuntos agentes del Ministerio Público, y para establecer cuáles fueron las condiciones en las que se realizó la captura de los inculpados.
(Con información de Animal Político)
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