En tres años, más de mil 500 averiguaciones previas por aborto en México

De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en los últimos tres años se han abierto en todo el país al menos mil 552 averiguaciones previas por el delito de aborto. Por lo que respecta a 2018, hasta el 31 de enero sumaban 41 expedientes.

Según el reporte estadístico, las denuncias por aborto se han incrementado en diez estados de la República, siendo Baja California Norte y Baja California Sur las que presentaron la tasa más alta. En el primer caso, de 43 que se iniciaron en 2016 pasaron a 73 al año siguiente, mientras que en el segundo, pasaron de 3 a 14 en el mismo periodo.

Otras entidades en donde crecieron las averiguaciones previas por aborto son Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Morelos, Campeche y la Ciudad de México, aun cuando en esta última desde 2010 está autorizada la interrupción legal del embarazo está permitida hasta las 12 de semanas de gestación.

Consultada al respecto por el periódico Reforma, Rebeca Ramos, activista del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), destacó que si bien es un avance que el SNSP dé a conocer dichos datos, debe exigirse a las procuradurías o fiscalías estatales hacer pública la información.

Desde su punto de vista, sin revelar los nombres, debe especificarse contra quién se inicia la averiguación previa, es decir, si es contra la mujer o contra un tercero que haya ocasionado el aborto. Sólo de esta forma, apuntó, se puede tener la certeza de qué tan extendida está la criminalización de las mujeres que interrumpen su embarazo.

Explicó que en el GIRE se ha dado asesoría legal a mujeres que son procesadas por sufrir un aborto espontáneo, lo cual no debería ser penalizado.

Hoy en día, en 17 estados del país el aborto es catalogado como delito y únicamente la violación es la única causal por la que se autoriza un aborto en las 32 entidades. Por riesgo de la vida de la madre es permitido en 24 estados;  por malformación genética es válido en 16 entidades, y por razones socioeconómicas es legal únicamente en Yucatán, Michoacán y Coahuila.

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