“Los empresarios no son funcionarios públicos, pueden opinar libremente de política, incluso de política apartidista. Lo único que no pueden hacer, es coaccionar en forma alguna el sentido del voto de sus colaboradores, condicionar cualquier cuestión inherente a su relación de trabajo”, declaró Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex.
Ante el llamado de diversos empresarios a no votar por un gobierno populista, el presidente de la Coparmex dijo, en entrevista para Reforma, que los empresarios también son ciudadanos y tienen derecho a opinar. “Que sigan haciendo valer su libertad de expresión, que sigan teniendo el liderazgo que tienen ante sus trabajadores”, comentó.
Por otro lado, hizo un llamado a partidos y candidatos para que discutan las posiciones, encuentren las coincidencias e identifiquen los disensos, con el objetivo de no caer en las descalificaciones personales o, peor aún, en las imputaciones que pudieran resultar calumniosas.
Por ello recordó que han pedido a Andrés Manuel López Obrador que “erradique de su lenguaje estas imputaciones en contra de aquellas personas que manifiestan una visión de país que pudiera ser total o parcialmente distinta de las que tiene la organización que representa”.
El pasado miércoles el líder empresarial deploró que Germán Larrea, empresario del Grupo México, fuera referido por López Obrador como “traficante de influencias”, luego de que el empresario enviara una carta a sus empleados y accionistas advirtiendo los riesgos de que se instale un gobierno populista tras las elecciones del 1 de julio. “Si este modelo económico populista, en donde todo supuestamente pertenece y proviene del Estado y en el que se ofrece regalar sin trabajar, se llegara a imponer en México, se desincentivarían las inversiones afectando gravemente a los empleos y a la economía”, señala Larrea en la misiva.
Otras empresas como Grupo Herdez, Grupo Chihuahua, Grupo Bal, Chedraui, Finsa, entre otros han hecho lo propio las últimas semanas.
Sobre el tema, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Marco Baños y Dania Ravel, aclararon que los pronunciamientos de los empresarios se enmarcan en el ámbito de la libre expresión.
Entrevistados por separado por el diario La Jornada, señalaron que al no haber una referencia explícita sobre un candidato, partido o coalición, no existen elementos que configuren coacción del voto o alguna otra conducta que se pueda tipificar como delito electoral.
