Empresario vinculado a factureras señaladas por fraude, fue beneficiado por gobierno de AMLO en proyectos de beisbol

Foto: Gobierno de México

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador destinó en 2019 un total de 65 millones de pesos en la remodelación del Estadio Francisco Carranza Limón, sede del equipo de beisbol Algodoneros de Guasave; recinto que fue reinaugurado el 11 de octubre del año pasado en una ceremonia donde el mandatario presumió el cumplimiento de una promesa de campaña: regresar el beisbol a dicha ciudad.

A los recursos aportados por el gobierno federal, se sumaron 6 millones y medio que dio el gobierno de Sinaloa y 65 millones más que dio el empresario Alfredo Harp Helú, con lo que la inversión total para la renovación del estadio fue de 136 millones de pesos.

De acuerdo con una investigación de Animal Político, el dueño de la franquicia deportiva, Alfredo Aramburo Nájar, obtuvo la concesión para explotar económicamente el estadio por 15 años. Este empresario ha prestado sus servicios como asesor externo de la Oficina de Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Beisbol en México (Probeis), que tiene como finalidad impulsar el proyecto presidencial de crear escuelas formadoras de profesionales de este deporte en todo el país.

Casi un mes antes de la reinauguración del estadio, el 19 de septiembre, la Secretaría de Educación Pública (SEP) otorgó un contrato por 25 millones de pesos a una de las empresas de Aramburo Nájar para la búsqueda de nuevos talentos del beisbol en un plazo de tres meses.

Pero más aún. Aramburo Najar forma parte de una red de empresas fantasma y factureras, algunas de las cuales fueron denunciadas por el gobierno federal por estar involucradas en un fraude fiscal por 55 mil millones de pesos, como es el caso de la firma Costa Bella and Sands, a la que se acusó de emitir facturas falsas evadir impuestos y desviar recursos con fines ilícitos.

Según la información que recabó Animal Político, detrás de esta empresa hay muchas más implicadas en este tipo de prácticas como Skep Prácticas Administrativas, propiedad de los hermanos Erick y Ernesto Arellano Hernández, dueños del equipo de beisbol Leones de Yucatán y socios de Aramburo Nájar en otras compañías.

Otra de las empresas involucradas en esta red es Operadora Grupo Gas Mart, una de las que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda acusó de triangular sobornos al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien actualmente enfrenta un juicio en Estados Unidos por lavado de dinero y otros  delitos.

La red de empresas en las que Aramburo Nájar tiene alguna participación está integrada por 115 firmas, algunas de ellas en paraísos fiscales como Panamá o Nevada, Estados Unidos.

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