sábado 20 abril 2024

Emilio Zebadúa, dispuesto a ser testigo protegido para delatar a Rosario Robles

por etcétera

Emilio Zebadúa González, quien fungiera como Oficial Mayor de la Sedesol y la Sedatu cuando dichas dependencias estuvieron encabezadas por Rosario Robles, ofreció acogerse a la figura de testigo protegido y colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) en las investigaciones que esta dependencia lleva a cabo en contra de la exsecretaria.

De acuerdo con información de Reforma, Zebadúa se presentó ante la FGR con el fin de solicitar el criterio de oportunidad, esto es, colaborar con las indagatorias en desarrollo a cambio de inmunidad penal. El exfuncionario ofreció revelar que fue Robles Berlanga, quien lo instruyó a operar los contratos que la Sedesol y la Sedatu suscribieron con diversas universidades, a través de los cuales se desviaron más de 5 mil millones de pesos.

El señalado dijo también tener información que acredita que dichos desvíos de recursos, revelados en la investigación conocida como “La Estafa Maestra”, se utilizaron para financiar campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el sexenio pasado, y que tanto Rosario Robles como el expresidente Enrique Peña Nieto, estuvieron directamente involucrados.  Asimismo, se comprometió a dar a conocer los nombres de otros implicados en este asunto.

Según lo que establece el Código Federal de Procedimientos Penales, el criterio de oportunidad es una figura que permite a la FGR extinguir o cancelar la acción penal en favor de un imputado que aporte información esencial para perseguir un delito más grave al que le atribuyen. El beneficio sólo es aplicable  cuando quien lo busca, se presenta a declarar en una audiencia de juicio contra el principal señalado en una investigación. En este caso, Rosario Robles.

Robles Berlanga, presa desde agosto de 2019, está acusada de omisión en los desvíos de recursos documentados en la “Estafa Maestra”, mecanismo mediante el cual la Sedatu y la Sedesol suscribieron convenios y contratos, principalmente con instituciones de educación superior, por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos.

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