El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a 10 funcionarios (entre ellos cuatro secretarios de Estado y dos gobernadores) abstenerse de hacer difusión del proceso de revocación de mandato y de propaganda en periodo prohibido. Entre ellos destaca Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación.
Por sus actividades ilícitas de promoción de la revocación de mandato y de propaganda gubernamental en el marco de la revocación de mandato, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a 11 personas abstenerse de realizarlas, además de retirar publicaciones de sus redes sociales.
Entre los funcionarios a quienes se dirige la orden destaca López Hernández, pero lo acompañan tres secretarias: Rocío Nahle García, de Energía; Tatiana Clouthier, de Economía, y Alejandra Frausto, de Cultura.
A nivel estatal están los gobernadores Cuitláhuac García Jiménez, de Veracruz, y Alfonso Durazo Montaño, de Sonora.
Sin duda, uno de los principales problemas del país es la inseguridad y la violencia, pese a lo cual funcionarios encargados de atender esos problemas también han dedicado esfuerzos a la revocación de mandato, a los que también les llamó la atención el INE: Luis Rodríguez Bucio, titular de la Guardia Nacional; Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (quien, por cierto, hace algunos años estuvo involucrado en la venta del padrón electoral), y Hugo Gutiérrez Maldonado, secretario de Seguridad Pública de Veracruz. Y el listado se completa con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.
De los funcionarios, la Comisión consideró que faltaron a los principios de imparcialidad y neutralidad debido a su participación el sábado pasado en actos realizados en Sonora, Veracruz y Coahuila, así como a través de mensajes en redes sociales.
Los servidores públicos que deberán retirar mensajes de redes sociales y otras plataformas son la secretaria Nahle García, el gobernador García Jiménez y Gutiérrez Maldonado.
Acerca de la denuncia de uso de recursos públicos para la promoción de mandato, la Comisión consideró que deberá ser resuelta por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
