El pasado miércoles 1 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ante el Congreso de la Unión el Informe Presidencial de la República en el que de acuerdo con el Diccionario Jurídico “se resumen las principales actividades de los diversos ramos de la administración pública, se justifican medidas importantes tomadas durante el año, se anuncian los principales proyectos que el ejecutivo presentará a la consideración del Congreso y se reserva una parte al mensaje político, que es muy importante porque en él se trazan las líneas generales de la política del presidente, conectadas con la situación general del país.”
Así que, a reserva de realizar un análisis del contenido del documento entregado al Congreso, cuya responsabilidad principal recae precisamente en sus integrantes, con interés escudriño el mensaje dirigido desde el Salón Juárez del Palacio Nacional, para descubrir lo que el presidente tiene que decir y justificar sobre las decisiones tomadas en el último año en materia de educación. Y aunque es claro que el mensaje no es el informe, sí refleja como cité al inicio, las líneas generales del pensamiento de quien convirtió el Palacio Nacional en casa habitación y foro de televisión para la transmisión de sus conferencias.
Mi primera impresión es que la educación no ha sido una prioridad para el presidente durante el período del que debe rendir cuentas. Y no solo se trata del escaso espacio que le dedica en su mensaje, nombrándola apenas 5 veces, sino en que en su contenido revuelve afirmaciones ideológicas, con hechos que no corresponden al período y con anhelos de futuro.
Dado el limitado espacio que el presidente dedicó a los temas educativos en su informe, tengo la oportunidad de revisar y comentar cada una de sus afirmaciones sin poner a prueba la tolerancia de mis lectores:
Antier, el lunes, comenzó el nuevo ciclo escolar con la participación entusiasta de maestras, maestros, madres y padres de familia, así como de 11 millones de niñas y niños y adolescentes que, luego de 18 meses, regresan a recibir clases presenciales a la escuela, que es su segundo hogar y el principal centro de convivencia para compartir afectos y tristezas, y para recargarse de humanismo y solidaridad.
Sobre el regreso a clases presenciales, sus logros o consecuencias, el presidente deberá informar el próximo año. ¿Cómo es posible que incluya en su informe algo que apenas va a iniciar?, En cambio, el presidente podría haber informado sobre la justificación de esta polémica decisión que, por cierto, debería haber sido tomada por el misterioso Consejo de Salubridad General y no por el presidente. Como en otros temas, el regreso a clases presenciales después de haber sido ignorado por meses, se convirtió en una obsesión del gobernante asumida por todas las autoridades educativas y sanitarias. La muestra más evidente de la improvisación y vulnerabilidad de la planeación frente a las decisiones del presidente quizás es la anécdota del decálogo diezmado que se presentó como estrategia para el regreso por parte de la secretaria de educación pública.
“Se canceló la mal llamada reforma educativa.”
Esta afirmación es más un posicionamiento de mercadotecnia ideológica que le funcionó al entonces candidato, pero que, además de su distorsión valorativa, nada tiene que ver con lo sucedido en el año anterior, materia del informe, ya que la contrarreforma obradorista se realizó en 2019. Como en otros rubros de la administración pública, la cancelación de un proyecto no fue reemplazado por otro bien planeado y estructurado. Le ofrezco al lector dos botones de muestra:
Se decretó la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa por cometer el pecado de ser el encargado de realizar las evaluaciones de los docentes que tanto molestaron a una parte del magisterio y que se calificaron como “punitivas”; sin embargo, el remedio no parece ser mejor que la enfermedad, ya que la USICAMM ahora encargada de los procesos de evaluación, supuestamente transparentes y justos para el ingreso de nuevos maestros y promoción de los actuales, no ha dado pie con bola y ha tratado a los profesores con autoritarismo y una falta de seriedad escandalosa al cambiar continuamente las reglas, las fechas de resultados y criterios para la determinación de puntajes. ¿Acaso no es punitivo someter a los profesores a un proceso en el que primero se les evalúa y después se publican los criterios utilizados para calificarlos?
El segundo faltante de la contrarreforma educativa es de orden pedagógico. Se tiró a la basura el Modelo Educativo de la reforma del sexenio anterior para sustituirlo por un proyecto amorfo y líquido llamado Nueva Escuela Mexicana, que al inicio del sexenio nos explicaron era un proyecto y que por eso no existía un documento que definiera con claridad sus líneas pedagógicas, contenidos y referentes, porque se iría construyendo con la participación de todos los actores. A mitad de sexenio es tiempo que seguimos utilizando los planes de estudio y currículum de la reforma satanizada, pretendiendo obtener resultados diferentes.
“Cincuenta y seis mil comités escolares, formados por maestros, alumnos, madres y padres de familia, ya reciben de manera directa el presupuesto para el mantenimiento de las escuelas.”.
El mensaje continúa con esta afirmación. La primera sorpresa es que la cifra no coincide con el número de escuelas públicas que el mismo sistema interactivo de estadística educativa reporta y que es de 35,416 escuelas públicas de educación básica. Tampoco se dice cuánto y cuándo recibieron el recurso, y como no existen reglas de operación claras para la rendición de cuentas, no sabemos si estos recursos fueron ejercidos durante el período de pandemia y si fueron utilizados para mejorar la sanidad o equipamiento de las escuelas, en cuyo caso, pudieron haber sido parte del impresionante saqueo de que fueron objeto las escuelas públicas en el último año.
No han faltado los libros de texto para el nivel básico y educación media superior, y se trabaja en mejorar sus contenidos.
En toda la historia reciente de nuestro país, nunca han faltado los libros de texto para el nivel básico, por lo que esta afirmación no tiene sentido en este informe. Es como afirmar que se ha pagado el salario de los maestros y otros servidores públicos. Es parte de las obligaciones esenciales de la administración pública federal. Lo que llamó mi atención fueron las otras dos afirmaciones. Dice el presidente que no han faltado los libros de texto para la educación media superior. ¿A qué libros se refiere el presidente?, En educación media superior, existen diversos subsistemas públicos y no todos reciben libros de texto. En los colegios de bachilleres estatales, los alumnos deben adquirirlos con cargo a sus padres o destinando parte del importe de su beca. Algunos estados como Hidalgo y anteriormente Colima sí entregaron libros de texto gratuitos a los estudiantes de bachillerato, pero son pagados con recursos estatales, no federales.
La segunda afirmación sobre la mejora de los contenidos de los libros de texto es también escalofriante. ¿Cómo se puede mejorar los libros en procesos acelerados e improvisados como el que encabezó Marx Arriaga para rediseñar los textos de Español de tercero y cuarto año?, ¿Cómo se puede mejorar un texto sin tener antes claridad en los perfiles de egreso?, ¿Cómo se puede mejorar un texto si se edita y distribuye sin revisión?
Están terminadas o en proceso de construcción 140 universidades públicas.
Las universidades para el Bienestar “Benito Juárez García” se trata de otro caso en el que primero se construyeron las aulas que definir un proyecto académico, pedagógico y curricular que justificara su pertinencia. La operación de Raquel Sosa, su directora general, ha sido cuestionada por sus exigencias para no reprobar a los estudiantes, eliminar la tesis y otros requisitos de titulación y sobre todo por despedir a psicólogos, pedagogos o comunicólogos por considerarlos “docentes neoliberales” que no tienen cabida en estas escuelas de estudios superiores, mal llamadas Universidades.
Se ha basificado a 400 mil trabajadores de la educación.
El presidente comenta esta cifra sin mayor comentario. Sin mencionar el tipo de trabajadores, el período o las razones por las que se ha realizado esta acción que es contradictoria con aquel primer comunicado de la hoy secretaria de educación en la que pedía se identificara al personal del que se pudiera prescindir para adelgazar la nómina educativa.
Se estableció el sistema de educación por internet, radio y televisión.
Es cierto que, como resultado de la pandemia, el curso escolar 2020-2021 se llevó a cabo casi en su totalidad en modalidad a distancia. En muchos casos apoyados del programa Aprende en Casa II, o de programas radiofónicos o recursos de internet. Pero llamar pomposamente sistema a estos esfuerzos a todas luces valiosos, pero tardíos y descoordinados, es francamente un exceso. Los programas de televisión se empezaron a producir ya iniciado el curso y los profesores conocían el índice de temas, pero no los programas, apenas unos días antes de su transmisión.
Se están creando escuelas para la formación de deportistas y maestros de educación física.
No cabe duda de que la profesionalización de los docentes de educación física es fundamental, pero afirmar llanamente que se están creando. Así con un gerundio tan impropio como indeterminado me deja sin palabras para poder comentar algo. Quizás era el objetivo, no sólo del párrafo ,sino de la totalidad del mensaje.
Hasta ahí las afirmaciones relativas a la educación en el mensaje que supuestamente está dirigido a la nación y no sólo a sus “amigas y amigos” presentes en el recinto y a los que menciona como primeros destinatarios.
Tema de controversia a la que no dedica ni un solo párrafo es al nombramiento de Esteban Moctezuma como embajador en Estados Unidos, dejando claro que esta oficina es para él más importante que la educación nacional. Y dejando como remplazo a la Mtra. Delfina Gómez Álvarez quien durante los meses que lleva en la SEP aparece y desaparece a modo del espacio público cada vez que hay problemas y ahora enfrenta la responsabilidad por una multa impuesta por el INE al partido Morena por retener y entregar ilegalmente a dicho partido recursos de los trabajadores del municipio de Texcoco durante su administración municipal. ¿Se nos dirá ahora acaso que se trató de aportaciones voluntarias al movimiento?
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