Recomendamos: Ecos de la Reforma Judicial de Zedillo (1994), por Francisco Javier Acuña

Especial

Seguramente, Ernesto Zedillo arribó a la Presidencia —el 1º de diciembre de 1994— sin ser un demócrata en sus términos. Era un tecnócrata, un economista con posgrado en una universidad norteamericana, con nula militancia (“postizo”) al interior de la entonces solemne nomenclatura del partido dominante, que lo hizo candidato por emergencia, obligado a jurar que lo haría “por Colosio”. Las circunstancias lo arrinconaron a remontar los escandalosos crímenes que lo ubicaron en Palacio Nacional en medio de un sistema de procuración e impartición de justicia que se arrastraba por los suelos.

De todos los problemas uno era capital: las credenciales democráticas de México en el exterior eran escasas. Además de otras características del viejo régimen”, se acusaba —y con razón—  que acá  no había una efectiva “división de poderes”; el Poder Judicial era visto, dentro y fuera, como un “siervo del Poder Ejecutivo”, que era un “legitimador formal” de las necesidades judiciales del presidente de la República en turno, y, lo peor, el Poder Legislativo federal tampoco podía rebelarse al mandamás de Los Pinos. La sobrerrepresentación del partido principal y sus satélites lograban cualquier tipo de ley o reforma.

La reforma económica del Estado la había iniciado Carlos Salinas con la autonomía constitucional del Banco de México y la apuesta por los tratados de libre comercio con América del Norte, con Japón y con Europa. De esa dimensión era la reforma del Estado a la que se asocia ahora con el término neoliberal.

Sin embargo, la modernización política empujaba a la asignatura  de la justicia, pero desde una visión integral: la concepción acorde a las exigencias de las convenciones y tratados internacionales de derechos humanos y la otra en cuanto a modificar el aparato judicial desde la cabeza para resolver las condiciones para la auténtica  autonomía jurisdiccional.

Aquella reforma implicó modificaciones a 27 preceptos de la Constitución, redujo la Suprema Corte de Justicia de la Nación a once ministros, de 21, además de los cinco “supernumerarios”. Así fueron definidos por sus apologetas sus objetivos y justificaciones:

*(…) Fortalecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un tribunal constitucional.

*Contar con un órgano especializado de administración y vigilancia del Poder Judicial de la Federación (el Consejo de la Judicatura).

*Delimitar claramente las atribuciones de estos dos órganos del Poder Judicial, para evitar inmiscuir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia en las “tentadoras” decisiones administrativas.

*Lograr que el Poder Judicial de la Federación contara con un riguroso y objetivo proceso de selección y promoción, la denominada profesionalización de la carrera judicial. Y que su labor fuera muy bien remunerada para evitar que, por precariedad o insolvencia, se sometieran ante el poder económico.

*Dada la urgencia fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994.

Al margen de sus reconocidos aciertos, aquella ambiciosa reforma iniciada ante el Congreso de la Unión por el entonces titular del Poder Ejecutivo, (por eso se le puede llamar sin ambages “La Reforma Judicial de Zedillo”), sembró polémicas, desató enormes cuestionamientos académicos: se habló de “un golpe de Estado técnico”, porque desapareció por semanas la titularidad del Poder Judicial. Lo que salvó aquella osadía fue lo que inspiraba: hacer de la Judicatura un dique efectivo al poder presidencial.

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