El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el control de los Programas para el Desarrollo, es decir, los programas de apoyos sociales, quedarán directamente bajo el control de la Presidencia, pues sus funciones se “fusionan” con la Secretaría Técnica, a cargo del economista Carlos Torres Rosas.
“Ahora se va a fusionar la Secretaría Técnica de la Presidencia con la coordinación de atención a las oficinas de Bienestar en los estados, se hace una sola”.
En su conferencia de este viernes 25 de junio, López Obrador anunció que la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, antes parte de la Secretaría del Bienestar, desaparece y sus funciones serán integradas a la actual Secretaría Técnica de la Presidencia.
El presidente hizo este anuncio luego de que la víspera, Gabriel García Hernández informara de su “renuncia” como coordinador nacional de los Programas para el Desarrollo, coloquialmente conocido como “jefe de los superdelegados”, pues según él, por el bien del partido, volvería a ocupar su escaño en el Senado.
“Es un relevo. Gabriel García es un profesional con convicciones, precursor de este movimiento de transformación; viene con nosotros desde hace muchos años y es senador de la República. Su suplente, Alejandro Peña, va a estar en actividades partidistas, decidió eso. Entonces se perdería el espacio en el Senado, de modo que Gabriel decidió regresar, ayuda mucho y lo va a sustituir quien me ha venido ayudando como secretario técnico de la Presidencia: Carlos Torres”.
De acuerdo con el Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República, en su versión más reciente, del 9 de diciembre de 2019, expedido por Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría Técnica del Gabinete, adscrita a la Oficina de la Presidencia dela República , tiene entre sus funciones “dar seguimiento a los programas y proyectos de la Administración Pública Federal considerados prioritarios por el presidente” y “recabar periódicamente la información sobre el avance físico-financiero de los programas y proyectos a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que tengan asignados recursos presupuestales federales, y que el presidente considere prioritarios”.
De esta manera, el manejo nacional de los programas sociales, que han sido señalados por la oposición como un medio para crear clientelas electorales, dejan de ser responsabilidad directa de María Luiss Albores, secretaria del Bienestar, para estar directamente bajo el ojo presidencial.
Es una decisión muy similar a la de la Línea 12, en que el presidente anunció que el gobierno federal se haría cargo directamente de asumir la rehabilitación de la misma, la que, prometió, estará nuevamente en funcionamiento en un año. Al respecto, asumió incluso la labor de informar del proyecto, retirando el permiso de hablar del asunto a Claudia Sheinbaum, a pesar de que como gobernante de la Ciudad de México, es su atribución, tanto hacerse cargo de la obra como informar de la misma.
Estas dos decisiones muestran la creciente concentración del poder presidencial al interior de la Administración Pública y la patente desconfianza que el presidente tiene en la capacidad de sus colaboradores luego de los resultados de los comicios del 6 de junio, en que Morena no alcanzó los resultados esperados por AMLO en la Cámara de Diputados y perdió la mayoría de las alcaldías capitalinas.
La supuesta renuncia de García Hernández fue tomada con escepticismo por parte del líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, quien dijo que en realidad se trata de un castigo por parte del presidente hacia un funcionario que no logró, mediante la dispersión de millones de pesos en apoyos sociales, que Morena obtuviera la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.
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