Por entorpecer proyectos de la “cuarta transformación”, promover el “golpismo” y el “intervencionismo”, Reyna Celeste Ascencio Ortega, diputada federal por Morena, presentó una iniciativa para que organizaciones civiles que reciban recursos del extranjero no puedan realizar cabildeo ni litigio estratégico.
La propuesta de la legisladora morenista va a tono con el presunto nacionalismo y el ataque contra las organizaciones de la sociedad civil que ha mantenido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así lo expresó la propia diputada, quien dijo que el mandatario ha señalado que esos grupos “promueven el golpismo y se trata de evidentes actos de intervencionismo que violan nuestra soberanía nacional. Es totalmente inmoral que gobiernos y empresas extranjeras quieran tener injerencia en la vida nacional”.
En lo que fundamenta su iniciativa la legisladora es que hay intereses extranjeros y grandes capitales “que sólo buscan mantener sus privilegios y concesiones” para lo cual patrocinan a organizaciones no gubernamentales, que además y por si fuera poco, “se escudan en la protección de grupos vulnerables, el medio ambiente o la defensa de los derechos humanos”.
Con esas argucias, Ascensio Ortega plantea reformar el artículo 182 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por la que se incorporaría un párrafo en la fracción primera del artículo 82, en la que se establecería que las organizaciones que reciban donaciones públicas y privadas del extranjero no podrán promover acciones de litigio estratégico ni de cabildeo.
En caso de no cumplir con ello, a dichas agrupaciones civiles les sería revocada la autorización para recibir donativos deducibles fiscalmente.
Las organizaciones quedarían obligadas a informar al Servicio de Administración Tributaria y a la Secretaría de Gobernación del monto de los donativos, desglosar eu procedencia y el porcentaje que significan de sus ingresos totales.
Según Ascensio Ortega, finalmente lo que pretende es “acabar con un negocio donde intereses extranjeros y empresariales contratan a estas organizaciones y éstas simulan que defienden derechos humanos, cuando en realidad promueven una agenda antinacional y contraria al cambio verdadero”.
Como antecedentes de la diputada Ascensio Ortega, se debe mencionar que en abril de 2021 presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Fiscalía General de la República para que investigaran el financiamiento de Latinus, además de que antes había presentado otra iniciativa para eliminar la facultad del Instituto Nacional Electoral para realizar modificaciones durante el proceso electoral.
La legisladora, a la voz de López Obrador, contra el periodismo, las medidas para prevenir la sobrerrepresentación y ahora contra las organizaciones de la sociedad civil.
