Al menos tres familias de los 49 reos que murieron la semana pasada en el penal de Topo Chico preparan una demanda para exigir al Gobierno de Nuevo León una indemnización de un millón de pesos (por cada fallecido) como reparación del daño moral.
El abogado de los familiares, Aurelio Galindo Briones, dijo en entrevista para El Universal que la demanda se da bajo el argumento de que la administración de Jaime Rodríguez Calderón tenía la responsabilidad de preservar la vida y seguridad de los prisioneros del penal.
Explicó que hasta el momento el gobierno estatal sólo ha cubierto los gastos funerarios pero no ha hecho la indemnización correspondiente, la cual, según el litigante asciende a 750 mil pesos por víctima, sin contar con la reparación del daño moral o psicológico (con lo que asciende al millón).
Los recursos para cubrir las indemnizaciones provendrían del Fondo para la Atención, Auxilio y Protección a Víctimas u Ofendidos del Delito, creado en 2013 como parte de la Ley de Víctimas aprobada por el Congreso nuevoleonés.
No obstante, cabe señalar que los diputados locales aprobaron un tope de 25 millones de pesos para este fondo, por lo que sería insuficiente si las 49 familias deciden demandar a la administración de “El Bronco”.
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