El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo desconocer el amparo otorgado a comunidades indígenas para suspender las obras del segundo tramo del Tren Maya, el cual pasa por Campeche, sin embargo, dejó entrever la posibilidad de que la resolución judicial haya estado motivada por causas político-electorales.
El mandatario desestimó la situación y tras asegurar que se va a cumplir la ley confió en que el proyecto seguirá adelante; en tono irónico aseguró que ya se ha vuelto experto en brincar obstáculos, como ya ha sucedido con otros amparos en contra de las obras que su gobierno está emprendiendo.
“No conozco el fondo del asunto, pero es muy probable que esté vinculado con propósitos político-electorales. Tenemos que andar brindando obstáculos, ya somos expertos en la carrera de obstáculos, pero se cumple con la legalidad. Vamos a ver de qué se trata y vamos a resolver”, manifestó.
A decir de López Obrador, suele haber muchos intereses inmiscuidos en las decisiones judiciales contra los proyectos de su administración; según él, Claudio X. González estuvo detrás de los amparos en contra del aeropuerto de Santa Lucía y puede estar sucediendo algo similar en el caso del Tren Maya.
No obstante, como ocurrió en el caso de la terminal aérea, el presidente se dijo seguro de poder ir resolviendo todos los amparos que se interpongan y concluir la obra en el tiempo planeado. Asimismo, recalcó que ya se ha demostrado que el Tren Maya no daña al medio ambiente ni tampoco es violatorio de los derechos humanos.
“Hay muchos intereses inmiscuidos en todo lo que hacemos de obra, quisieran que fracasáramos. Acuérdense ustedes de cuántos amparos promovió la fundación de Claudio X. González para que no se construyera el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, cientos de amparos; lo mismo en el caso del Tren Maya, hay varios amparos. Pues se han ido resolviendo, no hay ningún atropello a derechos humanos, se protege el medio ambiente, no se comete ninguna injusticia”, aseveró.
El Ejecutivo hizo este pronunciamiento, un día después de que una jueza de distrito con sede en Campeche otorgara a comunidades indígenas una suspensión definitiva de las obras del tramo 2 del Tren Maya, comprendido entre Escárcega y Calkiní.
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